Proyecto de colegiación

Corredores inmobiliarios buscan marcar diferencias con los martilleros

Reclaman una ley que les conceda el poder de policía para prevenir y castigar la mala praxis inmobiliaria.

 

De la redacción de El Litoral

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La Federación Inmobiliaria de la República Argentina planteó ayer a la vicegobernadora Griselda Tessio y legisladores provinciales de Santa Fe, su negativa a compartir un colegio en común con los martilleros y la necesidad de una colegiación de corredores inmobiliarios.

La Fira se reunía hoy en la sede de la Bolsa de Comercio de Santa Fe con la participaron de representantes de las 28 cámaras y colegios de profesionales de todo el país. La entidad nuclea a 20.000 empresas inmobiliarias de todo el país celebraba hoy en esta capital su reunión mensual ordinaria.

El radical Hugo Marcucci es autor del proyecto de ley provincial del Corredor Público Inmobiliario de la provincia, que está por perder estado parlamentario. Los asistentes al encuentro advirtieron que Santa Fe es una de las últimas provincias que aún no ha actualizado su legislación en la materia.

La posición del sector fue expuesta esta mañana durante una conferencia de prensa ofrecida por José Gordillo, presidente de la Fira; Néstor Walenten, titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina; Javier Grandinetti, presidente de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario; Enrique Badaloni, presidente de la Corporación de Empresas Inmobiliarias de Rosario; Marcelo Tomas, titular de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe y Eduardo Brigada, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Fe, entre otros.

Los empresarios definieron al corretaje inmobiliario como “la segunda actividad económica de la provincia”, que sin embargo carece de regulación. A su criterio, el Colegio de Corredores Inmobiliarios les permitiría ejercer el poder de policía y custodiar el trato ético de los negocios, evitando o al menos castigando las eventuales estafas o casos de mala praxis.

Diferencias

Los corredores y empresarios inmobiliarios difieren con la pretensión de los martilleros públicos, plantean la colegiación en común mediante el proyecto que presentó otro diputado provincial, Víctor Dadomo, quien también integra el bloque del Frente Cívico como Marcucci, y se basa en que las carreras profesionales de martilleros y corredores comparten hoy la matrícula universitaria.

Para los inmobiliarios, la naturaleza de las actividades -entre un remate y la compraventa o alquiler de inmuebles- es diferente y requiere colegiaciones por separado, como sucede en otros distritos del país, aunque admite la matriculación en los dos ámbitos.

La propuesta de los inmobiliarios es que los “idóneos” sean admitidos en principio en la actividad, y que la exigencia profesional sea exigible de aquí en adelante. “El beneficio es para la sociedad; al corredor esto le crea obligaciones”, definieron los conferencistas ante la consulta.

Explicaron que en la medida en que puedan ejercer el poder de policía, pueden controlar o regular a intermediarios que por desconocimiento o malicia ocasionan eventuales perjuicios. “Lo que está en juego es el patrimonio, que muchas veces es el esfuerzo de toda una vida, y nosotros tenemos responsabilidades que cumplir”, señalaron.

Corredores inmobiliarios  buscan marcar diferencias  con los martilleros

Los empresarios inmobiliarios apoyan el proyecto de ley de Hugo Marcucci en la Legislatura santafesina.

Foto: guillermo di salvatore

Alquileres

Los empresarios inmobiliarios cuestionan por “burocrático” el proyecto kirchnerista para regular locaciones en Capital Federal, que reduciría las comisiones del sector entre otros puntos. Calificaron la iniciativa como “populista” y sostuvieron que las regulaciones en estos casos terminan siempre con el retiro de la oferta de propiedades por la “inseguridad jurídica” hacia los propietarios. Promueven en cambio la desgravación de construcciones de viviendas para alquiler y nuevos créditos para compra de primera vivienda. Estimaron que la nueva línea del Banco Nación no contempla la capacidad de pago de los asalariados, y dijeron que el déficit habitacional es de 3,5 millones de unidades en el país.

/// EL DATO