EDITORIAL

Pobre período extraordinario

Con el tradicional discurso del 1º de Mayo ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Hermes Binner dejó abierto el período Ordinario de sesiones de ambas Cámaras Legislativas que se extenderá -según lo establece la Constitución santafesina- hasta el 30 de noviembre próximo.

Atrás quedó uno de los períodos extraordinarios más pobre en materia de sesiones y de temas en tratamiento, lo que muestra a las claras las dificultades de articular consensos que existen en la dirigencia política santafesina.

Más allá de la convalidación de decretos y prórrogas de leyes sobre expropiaciones, apenas tres temas se destacaron en el tratamiento entre diciembre y abril: presupuesto 2010, fondo salarial y, sobre la hora, la derogación de tres artículos que facultaban a las fuerzas policiales a perseguir la prostitución callejera.

Sobre este último punto habrá que recordar que el tema está instalado con fuerza en la Legislatura desde mediados de 2002 y hubo fuerte reticencia -especialmente en el Senado- de sacarle esta facultad discrecional a la policía. La movilización en las últimas semanas de abril de la Asociación de Meretrices con el respaldo de CTA permitió romper una barrera que parecía inexpugnable en la Cámara Alta.

En tanto, el presupuesto y el fondo salarial para el sector público están entrelazados y en las aprobaciones de ambos textos triunfó la postura de los representantes justicialistas en el Senado lo que parece abrir la posibilidad de un nuevo debate sobre los recursos y los gastos del Estado santafesino en la segunda mitad del año. En el medio de la disputa, están instaladas las diferencias sobre los alcances que debe tener una reforma tributaria en la provincia. El oficialismo insiste -hasta hoy sin suerte- en gravar con Ingresos Brutos a sectores exentos por pactos fiscales de los ‘90, como la construcción y la industria. El justicialismo ha optado por respaldar la vigencia de esos pactos aunque durante el debate del fondo salarial en Diputados no fueron pocos los representantes del sector que propusieron gravar a esos sectores y al agropecuario a partir de determinados montos de facturación.

La revisión de las cuentas públicas por medio de una comisión que integrarán el Poder Ejecutivo, legisladores y gremios del Estado determinará si la provincia necesita o no variar su base tributaria para la segunda mitad del año.

Terminó el período de extraordinarias con escaso trabajo legislativo. Se abrió otra etapa donde la iniciativa no sólo es del Poder Ejecutivo, sino también de los propios senadores y diputados. Es de esperar que se alcancen algunos entendimientos que permitan avanzar en el diseño de leyes que mejoren la prestación de los servicios a cargo del Estado en materia de educación y seguridad, pero también acordar normas que permitan defender a los usuarios de las empresas prestadoras de servicios públicos como la EPE, que viene siendo motivo de quejas a lo largo y ancho de la provincia.