Reunión con la Cancillería
Los efectos del retraso de la provincia en modificar su sistema procesal penal se tradujeron en demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en Washington) que, en caso de que no se llegue a un acuerdo en ese ámbito, deberán ser dirimidas por la Corte Interamericana (San José de Costa Rica).
La representación en ese ámbito la concentra la Cancillería, por lo cual funcionarios de ese organismo y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se reunieron en Rosario con representantes provinciales de las áreas involucradas, para trabajar sobre cuatro casos.
Participaron del encuentro -entre otros- los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; de Desarrollo Social, Pablo Farías; el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre; y la secretaria de Salud, Débora Ferrandini, entre otros funcionarios. Dado que algunos de los casos tienen relación directa con juicios de vieja data tramitados en el ámbito del Poder Judicial, también fue convocada por la Cancillería la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la cual estuvo representada por su secretario de Gobierno, Eduardo Bordas.
Superti explicó a El Litoral que los pronunciamientos de la Comisión o, llegado el caso, de la Corte, apuntan a corregir el problema que dio origen a las demandas -cosa que sucedió, por ejemplo, con una presentación contra el desacato, que derivó en la derogación de la figura. En esta ocasión, precisamente, la estrategia de la provincia apunta a demostrar que el proceso penal está en pleno cambio, para lo cual ya se remitió el paquete de nuevas leyes en vigencia o en vías de implementación.
Superti destacó la importancia institucional de la reunión -la primera de ese nivel que se realiza en la provincia- y la positiva recepción que tuvo la reforma procesal, en la medida en que elimina factores violatorios de la normativa internacional, al dejar sin efecto la doble intervención de los órganos judiciales y garantizar el principio del “doble conforme”, para que todas las personas tengan la posibilidad de que los fallos que los involucran sean revisados por un tribunal de mayor jerarquía.
“La imparcialidad del tribunal -que es lo que se cuestiona en las demandas- va a estar ampliamente garantizada cuando el nuevo sistema funcione a pleno”, subrayó Superti. En tanto, otra de las presentaciones apunta contra la excesiva demora en la resolución de un complejo conflicto entre particulares sobre las condiciones en que se produjo un parto.
