Después del escándalo de Paraná
Aplicarán mayores controles en los
concursos para jueces federales
Mientras la Justicia avanzaba en el caso de un aspirante que tenía copia del examen, el Consejo de la Magistratura introdujo reformas al reglamento. El trámite será informático y habrá un monitoreo permanente.
Emerio Agretti
El Consejo de la Magistratura comenzará a aplicar en el mes de junio un nuevo procedimiento para tramitar los concursos destinados a cubrir juzgados federales. Entre las innovaciones estará una instancia oral en los exámenes y la eliminación del soporte papel en la inscripción y los legajos de los participantes. El contenido de la prueba se mantendrá en secreto y sólo se podrá acceder a él a través de claves especiales, y habrá un monitoreo permanente de organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema.
El organismo encargado de la selección de jueces decidió encarar una reforma luego del escándalo desatado en septiembre del año pasado, en Paraná, con el concurso 245. En la oportunidad, se encontró en poder de uno de los postulantes una copia del examen, que debía haber permanecido en secreto hasta ese momento para todos los participantes. El sonado episodio mereció una investigación judicial y permitió establecer que el mismo candidato, el fiscal Hernán Tuppo, también tenía el contenido de otro examen, que había rendido dos días antes en Concepción del Uruguay. En ambos casos, además, había intervenido como jurado el juez Alberto Pravia, quien tuvo a su cargo el traslado de los cuatro sobres con pruebas, de entre los cuales se sorteó el utilizado para el examen.
El miembro del Consejo de la Magistratura que intervino para controlar el procedimiento fue el juez Luis María Cabral, actualmente presidente del organismo. El propio Cabral fue quien anuló el procedimiento del concurso 245, cuando advirtió la situación. Consultado por El Litoral en su visita a Paraná durante el fin de la semana pasada, para la audiencia pública del Consejo, Cabral aseguró que la investigación judicial siguió su curso y que el organismo de selección estaba a la espera de las actuaciones procesales, para actuar en consecuencia. Y agregó que el procedimiento había funcionado sin inconvenientes en centenares de concursos, pero que “si hay personas que actúan de manera maliciosa y corrupta, contra eso no va a haber ningún sistema”.
Aun así, el episodio catalizó la discusión interna que se venía dando en torno al mecanismo de los concursos, y dio lugar a una serie de modificaciones al reglamento, tendientes a ofrecer mayores garantías. En función de ello, a fines del año pasado se suspendió el llamado a nuevos concursos, que se retomarán el próximo mes, con el nuevo procedimiento.
Anonimato y tecnología
El académico Mariano Candioti, presidente de la comisión de Selección, fue el encargado de explicar en qué consistirán los cambios. “Se optó por mantener el anonimato de los concursanes que comparecen por primera vez ante el tribunal examinador. Incorporamos, además de la escrituralidad, la oralidad. Y el proceso de selección va a ser permanentemente monitoreado, con participación de las ONG”, explicó.
Candioti aclaró que “llegamos a la conclusión de que el proceder correcto del jurado hubiese evitado el problema del concurso 245. Ahí se puso en tela de juicio la actuación de uno de los jurados. Por eso, se resolvió mantener el procedimiento y los temarios en secreto -se va a poder conocer sobre qué va a versar la prueba, pero no los contenidos en concreto-, con un acceso a través de claves.
“Ahora todo se va a hacer por vía tecnológica. Ya no va a haber soporte papel ni para la inscripción, ni para la acumulación de información en el legajo de los postulantes. Es un mecanismo bastante complejo, porque va a requerir de la participación de los juzgados federales de todas las provincias”, agregó Candioti.
Para el representante de las universidades nacionales, la implementación implicará establecer un orden de prioridades para los 16 concursos pendientes por efecto del congelamiento dispuesto, y se privilegiarán los juzgados unipersonales, dejando para después los colegiados y los nuevos, que todavía no se pusieron en funcionamiento. “La ventaja es que ahora podemos hacer todas las convocatorias en forma simultánea, pero va a ser necesario establecer un cronograma para todos los pasos que indica el reglamento. Pero creemos que se le va a dar celeridad, transparencia y, sobre todo, certeza jurídica”, completó.