SIGUEN LOS CRUCES ENTRE EL EJECUTIVO Y EL PROCURADOR
Le piden a Bassó que tome una medida que ya había adoptado a principio de año
El caso del juez Saurín -investigado por presunto hurto de energía- sigue siendo uno de los disparadores del enfrentamiento entre la Justicia y el gobierno.
De la redacción de El Litoral
A esta altura de las circunstancias, ya resulta difícil contabilizar cuántos capítulos lleva esta larga historia de enfrentamientos entre integrantes del Poder Ejecutivo y miembros de la Justicia provincial. En esta saga que parece no tener fin, llegó el turno de que el secretario de Justicia de la provincia, Roberto Vicente, se cruce públicamente con el procurador general de la Corte, Agustín Bassó.
La semana pasada, Vicente le solicitó a Bassó que investigue si realmente el juez Jorge Patrizi, quien investigó desde un principio el caso Saurín, había traspapelado una prueba importante, tal como lo denunciara el jefe de Asuntos Jurídicos de la EPE, Raúl García.
Más aún, Vicente le recordó a Bassó que la ley 7.050 de Enjuiciamiento de Magistrados obliga al procurador de la Corte a denunciar los hechos que constituyan causales de remoción de jueces. Indirectamente, el secretario de Justicia le estaba pidiendo al procurador que cumpla con sus funciones.
Aquel planteo de Vicente repercutió en los medios y, esta mañana, la Procuración respondió a través de un escrito que también se hizo público y que refleja el tono del enfrentamiento entre integrantes de ambos poderes.
“Un personaje más del Poder Ejecutivo se suma al acometimiento del que soy objeto desde el mismo momento en que fui propuesto para el cargo que ahora tengo”, disparó Bassó.
“Si en algún momento, se ocuparan los funcionarios del Poder Ejecutivo de averiguar algo sobre lo que pretenden hacer creer les preocupa, tendrían la respuesta adecuada si recurrieran al lugar adecuado. Sin embargo, les gusta acudir a los medios de prensa para que la gente advierta que “están vivos’”, agregó.
Lo concreto es que, en dicha nota, Bassó le informa a Vicente que a principios de este año emitió un dictamen “aconsejando que se disponga la realización de una investigación” para determinar si realmente el juez Patrizzi y el fiscal de Cámara, Arealdo Bertoldi, cometieron algún tipo de irregularidades en la causa Saurín.
Fue así que el 12 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia designó al camarista Roberto Reyes, para que lleve adelante dicha tarea en un lapso de 15 días.
Reyes realizó la investigación, pero Bassó devolvió el informe a la Corte porque consideró que el camarista no había respondido, concretamente, a la pregunta vinculada con el posible traspapeleo de una importante prueba presentada por la EPE en el caso Saurín.
La causa
La causa iniciada al juez de Instrucción, Rubén Saurín, data de principios del año pasado, luego de que en marzo de 2009 El Litoral revelara que empleados de la EPE habían labrado un acta de infracción por “conexión eléctrica clandestina” en el domicilio particular del magistrado. Pocos días después, la fiscal Graciela Parma actuó de oficio y, desde entonces, brega para que la investigación determine si Saurín es o no responsable de delito.
Pero éste no es el único punto de choque entre el Ejecutivo y la Justicia. El caso Fraticelli fue otro de los factores que sacaron a relucir las diferencias entre ambos poderes.
En este contexto de enfrentamientos, Bassó interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra de algunos de los contenidos del nuevo sistema procesal penal, por lo que se teme que su implementación definitiva continúe demorada.
