Proyecto de Carlos Heller
Arranca el debate sobre una nueva
regulación a entidades financieras
De la redacción de El Litoral
Télam
El titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), analizará esta semana con el diputado Carlos Heller (Nuevo Encuentro Popular y Solidario) la fecha en la que comenzará el tratamiento del proyecto de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.
La iniciativa, que prevé elevar el crédito destinados a las Pymes, contempla topes en la tasa de interés y condiciona la participación de entidades extranjeras, deberá ser considerada inicialmente por la comisión de Finanzas y, luego, por la de Presupuesto y Hacienda.
Heller dijo que la definición de la agenda de trabajo tiene por objetivo “conocer la opinión de las asociaciones de bancos, empresarios y usurarios” con respecto al tema.
Heller reconoció, no obstante, que “las cámaras empresariales y del sistema financiero tienden a tener alergia a las regulaciones estatales y prefieren las regulaciones del mercado”.
El proyecto, presentado a fines de abril por el propio Heller, lleva también las firmas de los legisladores Martín Sabatella, Jorge Rivas, Vilma Ibarra y Ariel Basteiro. Fuentes legislativas anticiparon que la reunión que mantendrán Prat Gay y Heller -vicepresidente de la comisión de Finanzas- se llevará a cabo el miércoles y que el análisis del proyecto podría comenzar “a más tardar en julio”.
“A partir de entonces se llevará a cabo un conjunto de audiencias, tanto privadas como públicas, con los distintos interesados, empezando por las asociaciones de entidades financieras”, agregaron las fuentes.
Servicio público
El proyecto concibe a la actividad financiera “como un servicio público, a partir de necesidades de los usuarios y no de los bancos”, según precisó el titular del Credicoop durante la presentación del proyecto.
La iniciativa propone tornar obligatoria la garantía estatal de los depósitos y triplicar su monto (de 30 mil pesos en la actualidad a 100 mil pesos). Además, recomienda al Banco Central para monitorear que ninguna entidad financiera privada supere una participación de 8 % en el conjunto del sistema, tanto de depósitos como de préstamos.
Ese tope no modificaría la situación actual, pero “evitará que el sistema avance a una mayor concentración”, según los impulsores del proyecto.
Por otra parte, se establecerán disposiciones más estrictas sobre la explotación de empresas no financieras y se anula la posibilidad de que los bancos puedan tener participación accionaria en otras entidades financieras.
Se busca regular, además, las operaciones en moneda extranjeras, de modo que los depósitos en divisas se apliquen a operaciones de deudores con ingresos en esas monedas, y se deja un margen de 10 % para préstamos a Pyme y de inversión con capacidad cancelatoria.
En otro orden, la iniciativa prevé que sea el Poder Ejecutivo y no el Banco Central el que autorice nuevas inversiones externas en el sector, y contempla restablecer el criterio de reciprocidad con los países de origen.