El corte de Gualeguaychú se levanta por 60 días
Asambleístas decidieron abrir
un espacio de negociación
El debate fue intenso y la postura ganadora representó al 56% de los presentes. Ahora, la comunidad espera la contraparte de Uruguay en el sentido de que autorice los controles conjuntos dentro de la planta. Sergio Urribarri se comprometió a ayudar a Gualeguaychú a institucionalizar su lucha.
La comunidad revisó su postura ante el embate de la judicialización del conflicto. El puente quedará abierto a partir del sábado a las 13. Asambleístas permanecerán a la vera del camino.
Foto: DyN
De la redacción de El Litoral
La Asamblea de Gualeguaychú decidió esta madrugada mayoritariamente suspender por 60 días el corte de tránsito sobre el puente internacional San Martín e iniciar un período de negociación con el gobierno nacional, para encontrar una solución al conflicto iniciado por la instalación de la empresa pastera instalada en la margen oriental del río Uruguay.
Tras un debate intenso, 402 asambleístas votaron a favor de levantar la protesta sobre la ruta a partir del sábado próximo a las 13 -56 por ciento de los presentes-, aunque mantener el reclamo en el paraje de Arroyo Verde.
Por su parte, 305 personas, 44 por ciento, se opusieron a la moción de suspender el corte, una postura que algunos, inclusive, ratificaron después de la asamblea.
Por su parte, el gobernador entrerriano Sergio Urribarri, en un comunicado emitido, consideró “un avance importante” el levantamiento del corte del puente que comunica la provincia con Uruguay y exhortó a los asambleístas a prepararse “para otro tipo de lucha, una de largo plazo”, con la idea de “continuar trabajando en contra de la contaminación de la cuenca del río Uruguay”.
“Hoy, con esta decisión todos los entrerrianos y todos los argentinos nos sentimos más responsables y comprometidos en la lucha contra la contaminación. Levantar el corte es una muestra de madurez y verdadero compromiso con el futuro de la región”, expresó el gobernador justicialista, quien reclamaba el cese del corte implementado ininterrumpidamente desde el 20 de noviembre de 2006.
En ese sentido, se comprometió a “ayudar a Gualeguaychú” y “a reformular e institucionalizar su lucha, dentro del marco de las leyes nacionales e internacionales (...). Hay en la Argentina un antes y después de Botnia en esa materia. Debemos armarnos ahora para otro tipo de lucha, una de largo plazo, que sustentará la posición de los asambleístas y proveerá material para continuar trabajando en contra de la contaminación de la cuenca del río Uruguay”, indicó.
“Negociar”
En una primera votación, que fue más contundente en cuanto al resultado, los asistentes se expresaron a favor de “negociar” con el gobierno nacional, entre otras pautas, la posibilidad de realizar un monitoreo conjunto con Uruguay de la planta Botnia. La asamblea se realizó en el Club Frigorífico de esta ciudad entrerriana, pero para determinar el resultado final de la votación algunos de los integrantes debieron salir a un patio para poder ser contabilizado su voto.
Por segunda vez en un lapso de tres años y medio, los asambleístas decidieron suspender el corte de tránsito a la espera del resultado favorable de una próxima negociación. En las exposiciones, varios integrantes de la Asamblea cuestionaron a la presidenta Cristina Fernández y al mandatario uruguayo José Mujica.
El debate se concretó luego de que el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del magistrado subrogante Gustavo Pimentel, concedió una prórroga para expedirse sobre la querella presentada por el gobierno contra el corte de ruta en Gualeguaychú.
Según informó el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia, la prórroga fue autorizada ayer por el juez Pimentel, ante una solicitud de la representante del Ministerio Público.
De este modo, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Milagros Squivo, obtuvo el plazo para que realice o no el requerimiento de instrucción, previo a tomar la decisión de aceptar o rechazar la querella.
El gobierno había decidido presentarse como parte querellante en la causa en donde se instruye el bloqueo de los asambleístas de Gualeguaychú al puente internacional que une a esa ciudad con Fray Bentos. La administración de Cristina Fernández había acusado a los asambleístas por los presuntos delitos de “homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito”.
