La autopista abrió baches

en el Frente Progresista

Sectores internos cuestionaron públicamente la decisión de insistir con la concesión a sectores privados. Lamberto defendió lo actuado. Las preguntas a Ciancio.

La autopista abrió baches  en el Frente Progresista

Diputados Santiago Mascheroni, Oscar Lamberto y Luis Mauri: posiciones diferentes dentro de la coalición gobernante.

 

Mario Cáffaro

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El Frente Progresista atravesó una semana difícil merced a la decisión elegida por el Poder Ejecutivo ante la anunciada salida de Aufe de la concesión de la autopista Santa Fe - Rosario lo que provocó fuerte ruido político. La contratación directa de dos empresas para la transición no le fue comunicada a los integrantes de la alianza gobernante y sus dirigentes se enteraron del camino elegido por los medios al igual que la oposición. Pero además, la puerta elegida nunca había sido expuesta por el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, ante legisladores cuando fue a hablar sobre el futuro de la concesión.

El jueves, cuando el justicialista Luis Rubeo instaló el tema en el recinto de Diputados, las voces críticas del oficialismo se cuidaron de hablar de la contratación directa pero en cambio, expusieron diferencias sobre la decisión del Ejecutivo de mantener la concesión. “Si desde el Estado no somos capaces de administrar 160 kilómetros de ruta qué podemos esperar”, señaló Santiago Mascheroni.

“Hoy, frente a la finalización del contrato con Aufe y la adjudicación directa de la concesión a la UTE Edeca - Supercemento, seguimos convencidos de que el mejor camino para los intereses de los santafesinos es poner nuevamente en manos del Estado el manejo del corredor vial más importante de la provincia, ya que une las dos mayores sedes de gobierno, y moviliza el mayor tránsito de personas y bienes de nuestro territorio” dijo en el mismo recinto, otro oficialista, Antonio Riestra.

“La premura del proceso y el cambio de criterio al expuesto ante la Cámara son razones suficientes para citar al ministro. Por ahora no abrimos juicios, queremos escuchar y luego tomaremos la postura” fue lo dicho por otro radical, Darío Boscarol. La frase deja ver la soledad con que el ministerio de Aguas tomó la decisión.

Desde el PDP, Luis Mauri advirtió que “el llamado a licitación pública es el único camino para terminar con la actual inseguridad vial y jurídica” y aclaró que “la contratación directa, aunque sea temporal, no constituye una solución al problema, sino que por el contrario agregará dificultades en el camino de la solución definitiva del problema”.

Una mirada hacia atrás

En la reunión de Labor Parlamentaria, el acuerdo entre jefes de bloque fue citarlo a Ciancio. El receso -que en la Legislatura será de tres semanas- puso fecha a la cita para el 28, dos días antes de la fecha de apertura de sobres para la licitación. Pero además, se acordó elevarle una serie de preguntas -contenidas en el pedido de interpelación firmado por Luis Rubeo- para que el ministro sepa claramente hacia adónde apuntan las dudas.

También el recinto no tuvo eco un proyecto de los diputados obeidistas para dejar sin efecto la concesión otorgada a estas dos empresas y que el Ejecutivo se haga cargo “hasta tanto se proceda a la realización de una licitación nacional e internacional”.

Mascheroni y Riestra no se privaron de recordarle al justicialismo que la concesión de servicios a manos de terceros fue política de administraciones de ese color político. El primero rememoró sus críticas intervenciones allá por los 90 cuando la mayoría de entonces avalaba en la Legislatura esas decisiones. “El capital privado jugó con la provincia, cuando no le convienen pegan el portazo y se van”, recordando lo ocurrido con Aguas.

“Recibimos el final de una concesión que no fue exitosa y que tuvo una coronación cuando en el 2002 a través de un decreto se perdonaron los incumplimientos de las metas y objetivos que establecía la concesión, mucho de los cuales nos hubiese permitido encontrar con otro tipo de autopista, en otro tipo de condiciones” aclaró el socialista Raúl Lamberto, uno de los pocos que defiende a capa y espada la salida. “Los responsables de lo que pasó tiempo atrás siempre nos piden que miremos para adelante. Que miremos para adelante con Aguas Provinciales, con la EPE, con el Banco Provincia de Santa Fe, y ahora que miremos para adelante con la autopista. En realidad cuesta mucho asumir las responsabilidades de los verdaderos responsables”, acotó.

Justificó la no convocatoria a licitación el año pasado por el desinterés de las empresas en asumir caminos, menos aquellos sin subsidios como el caso de la ruta santafesina. “Algunos se preocupan mucho de buscar siempre en los errores o defectos de la provincia de Santa Fe y siempre omitimos la verdad de todo lo que pasa en el orden nacional”.

Peajes

En un momento de su exposición, Lamberto preguntó al cuerpo y se respondió: “¿Saben cuánto es la red vial concesionada nacionalmente? 7.351 kilómetros ¿Y el aporte estatal? significa 11.763.453.995 pesos. Y la autopista Rosario Santa Fe/Santa Fe Rosario, son 170 kilómetros. Es imposible, siendo parte de una red de rutas del país, definir una política de concesiones al margen de lo que pasa en el país y además sin recibir subsidios, pues la autopista Santa Fe-Rosario es la única en todo el país que no recibe subsidios”.

Después recordó que la licitación de corredores nacionales quedó prácticamente desierta en la primera licitación por lo que el proceso debió ser relicitado donde los concesionarios el único compromiso que tienen es mantenimiento, ya que las obras están a cargo del Tesoro nacional.

/// EL DATO

El listado de preguntas a Ciancio

El texto votado en el recinto, impulsado por el kirchnerista Rubeo, planteó los siguientes interrogantes para que responda el ministro el día 28 cuando asista a la presidencia de Diputados.

a) Si hubo demoras en la confección de los pliegos que originó la necesidad de sucesivas prórrogas a favor de la empresa Aufe.

b) Las causas que llevaron al gobierno provincial a otorgarle dos aumentos en la tarifa de peaje a una empresa a la cual se le vencía el período de concesión.

c) Los términos de la ratificación del acta acuerdo por medio de la cual se exime a la empresa concesionaria de toda responsabilidad por los incumplimientos contractuales.

d) Los motivos que llevaron al señor ministro a afirmar ante esta Cámara que era decisión tomada que la empresa Aufe dejara la concesión y que la Provincia se hacía cargo a través de una Unidad Ejecutora, y en su caso por qué se siguió ese procedimiento.

e) El respaldo jurídico con el que dice contar el gobernador para conceder la autopista en forma directa, y si tal decisión no viola los deberes del funcionario público.

f) Bajo qué procedimiento administrativo se llevó adelante la denominada “compulsa de empresas’ a la que hizo mención el ministro.

g) En qué momento se hizo contacto con las dos empresas que formaron la sociedad que transitoriamente se harían cargo de la autopista y cuáles fueron los pormenores de las negociaciones.

h) Si estas empresas o alguna de ellas tiene relación contractual con la Provincia.

i) Si estas empresas o alguna de ellas tiene relación contractual con la anterior concesionaria Aufe.

j) Si al momento de la toma de la elección no se tuvo en cuenta la posibilidad de priorizar la participación de empresas del medio local.

k) Cuáles son las condiciones contractuales con las empresas que se harían cargo de la autopista.

l) Si se remitirá a la Legislatura los pliegos de bases y condiciones y en su caso razones que fundamentan tal decisión.

m) Responsabilidad de las empresas que se hacen cargo de la autopista frente a eventuales siniestro que pudieran sucederse en el espacio concesionado, durante el transcurso de estos 180 días de contratación directa.

Después pasó a justificar la contratación directa. “¿Cuál es la lógica en general de las concesiones? Que la transición la haga la misma empresa que tiene la concesión. Les guste o no es la práctica habitual. Y en el orden nacional pasa lo mismo, se prorrogaron las concesiones por años y de eso no se habló como lo hace hoy la oposición en el caso de la autopista santafesina. Se pensó por un lapso de seis meses que Aufe permaneciera en la concesión hasta que termine el proceso licitatorio. El 14 de junio de 2010, Aufe acercó a este gobierno condiciones que eran muy difíciles de sostener para permanecer en la transición. Solicitaron no pagar canon, aumentar el peaje y eludir responsabilidades futuras, por lo que entiendo que es correcto y adecuado lo actuado por el gobierno de la provincia cuando determinó que Aufe no siga a cargo de la concesión por 6 meses”.

En el remate, el socialista marcó la línea del Ejecutivo “la contratación directa de dos empresas para que se hagan cargo de la concesión de la autopista si el acto está justificado desde el punto de vista económico y administrativo y además si es por un período acotado para la transición, porque la decisión del gobierno es que se explote mediante una concesión”.

Las otras respuestas las deberá dar Ciancio y esperar saber si el 30 hay oferentes. Caso contrario, el debate interno en el Frente cobrará mayor fuerza.

Pedido de informes en el Senado

El senador Juan Carlos Mercier elaboró un pedido de informes en el Senado que fue suscripto por los demás miembros del Bloque Justicialista. Las preguntas que le hacen al Poder Ejecutivo son:

1) Los motivos por los cuales no se realizó la correspondiente licitación pública.

2) La persona jurídica a la que se adjudicó en forma directa la concesión del corredor vial, remitiendo copia del contrato social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, dado que en audiencia pública el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente expresó que se trata de una Unión Transitoria de Empresas y según el ticket de cobro que se adjuntó, se trata de una sociedad anónima.

3) Los criterios utilizados para la selección del adjudicatario y las condiciones ofrecidas por los demás oferentes, si los hubo.

4) Las condiciones contractuales bajo las cuales se adjudicó la concesión, remitir copia del contrato suscripto.

5) Detalle de las obras o inversiones y servicios a realizar durante el período de la concesión.

6) Las actuaciones realizadas para la concreción de tal adjudicación, remitiendo copia de todo el expediente donde consten las mismas.

7) Copia del dictamen del fiscal de Estado en relación a la modalidad utilizada para la adjudicación.