Policías, ex bancarios y deudores hipotecarios
Pretenden cerrar tres situaciones
conflictivas de arrastre en Santa Fe
La Cámara de Diputados dio media sanción a tres proyectos de ley, aunque en ninguno de ellos logró unanimidad de criterios. La revisión del Senado será clave para la solución a los tres reclamos.
Mario Cáffaro
En tres votaciones divididas, la Cámara de Diputados avanzó antes del receso, en darle media sanción a proyectos de ley por el cual avala lo actuado por el Poder Ejecutivo para saldar la deuda tanto con integrantes de la policía y del servicio penitenciario, como con los ex bancarios transferidos al Estado y por otra parte, un proyecto fijando un método para los deudores hipotecarios con vivienda única que residen en la provincia.
Los tres temas tienen años de reclamos y los intentos de salida legales no alcanzaron para satisfacer a los distintos sectores involucrados. El más emblemático es el de deudores hipotecarios que se originó con la salida de la convertibilidad y que motivó el dictado de ocho leyes protectitivas aunque no hay cifras ciertas de la cantidad de afectados por esa situación. En cambio, policías y ex bancarios litigaron contra el propio Estado y la salida legislativa abarca a unas 7.000 personas.
Los proyectos de policías y ex bancarios fueron votados únicamente por el Frente Progresista mientras que el justicialismo hizo un dictamen diferente que podría prosperar en el Senado donde esa fuerza es mayoría. Para deudores hipotecarios, la disidencia fue dentro del oficialismo, donde el radical Santiago Mascheroni fundó el voto contrario a una iniciativa motorizada por sus pares socialistas, el radical Hugo Marcucci y el demoprogresista Luis Mauri.
Aval al Ejecutivo
En sendos mensajes, el Ejecutivo solicitó a la Legislatura la autorización a la Legislatura para emitir bonos por 125 millones de pesos para solucionar los reclamos de casi 7 mil agentes.
El mensaje 3743 autoriza a la Fiscalía de Estado a celebrar acuerdos transaccionales que permitan saldar las deudas económicas generadas por los numerosos juicios y reclamos realizados por agentes de la policía y del Servicio Penitenciario por liquidaciones de haberes mal efectuadas. “El mensaje el Poder Ejecutivo que aprobamos determina por primera vez el monto adeudado por la provincia, se ordena el pago de una acreencia que se iba a exigir en algún momento. Se invierte en paz social y los montos que se destinan para el pago implican solucionar un problema del pasado pero también un problema del futuro ya que se deroga también la ley que dio origen al conflicto”, explicó en el recinto el socialista Raúl Lamberto. “Es beneficioso porque ayuda a descongestionar órganos jurisdiccionales, y permite direccionar recursos a otras prioridades”, acotó.
Este conflicto implica a 6342 actores y representa un costo aproximado a los 74 millones de pesos y en cuanto a la forma de pago, el Ejecutivo solicitó autorización para emitir títulos públicos para dar cumplimiento al acuerdo.
En cuanto a los ex bancarios, el reclamo lleva 14 años. “Este gobierno ha asumido el compromiso de darle una salida, que plasma en la sanción de este mensaje”, dijo Lamberto al explicar los alcances del mensaje 3.744. El objetivo del proyecto es aprobar el decreto 0618/2010 por el que se ratifican parcialmente los convenios conciliatorios respecto de los reclamos administrativos y en vía judicial de los ex empleados del Banco de Santa Fe transferidos a la administración central suscriptos por la Fiscalía de Estado.
Lamberto explicó que “se trata de unas 1.500 personas que se no se quedaron en el nuevo banco ni se acogieron al retiro voluntario que preveía la ley, sino que optaron continuar siendo trabajadores de la provincia, pero que por los decretos 309/97, 3.775/99 y 2.557/05 sufrieron la falta de un encuadramiento adecuado, lo cual motivó que durante años no tuvieran la posibilidad de acceder a una carrera administrativa y a los aumentos de haberes. Con la aprobación de estos acuerdos se les reconoce el derecho a la carrera administrativa, con una categoría más a la otorgada hasta la sanción del decreto 2.557/05, el resarcimiento por la pérdida de chance y se toma la política salarial que se le ha otorgado al sector bancario desde el traspaso hasta el decreto 2.557/05”.
La autorización es para emitir títulos públicos por hasta 40 millones de pesos para cumplir con los pagos pactados.
En el recinto, la justicialista Silvina Frana dijo que su sector iba a votar los proyectos propios donde disponen que el 30 % de la deuda a ambos sectores se empiece a pagar en efectivo en septiembre en cuatro cuotas iguales y consecutivas. “Hay que solucionar el problema, tenemos una visión diferente sobre el comienzo del pago”, explicó el kirchnerista Luis Rubeo.
Vivienda única
El tercer asunto apunta a establecer un procedimiento especial de emergencia para que el juez competente en las subastas judiciales que fueran suspendidas por sucesivas leyes, practique la liquidación del total adeudado y establezca una forma de pago, a fin de cancelar la deuda sin la pérdida de la vivienda única, familiar y permanente del deudor o demandado.
El proyecto aprobado determina que este procedimiento especial podrá iniciarse a pedido de parte, en cualquier etapa del proceso. Su inicio implica la suspensión de los trámites de ejecución de sentencia.
En todos los casos, el juez debe intimar a las partes a que en el plazo máximo e improrrogable de 15 días de iniciado el procedimiento, acompañen liquidación detallada y actualizada de la deuda, con el objeto de que en una audiencia posterior presenten las observaciones pertinentes y arriben a acuerdos conciliatorios.
En artículos posteriores, establece el criterio que deberá adoptar el juez y algunos atenuantes a utilizar aclarándose que en caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la norma, “los jueces deben decidirse en el sentido más favorable a la subsistencia y conservación de la vivienda digna y la protección integral de la familia”.
Sobre este asunto, Mascheroni hizo una serie de observaciones concluyendo que “es una búsqueda sana pero que no soluciona el problema”. Su correligionario Marcucci, en cambio defendió con énfasis el proyecto y recordó “que tras la crisis del 2001, el Estado socorrió a los bancos, pero no a los deudores” y destacó que la salida sigue el procedimiento dictado en Mendoza que tuvo el aval de la Corte de esa provincia. “Es un procedimiento especial, no ilimitado en el tiempo para un conjunto de deudores y el objetivo es la no ejecución de inmuebles que sean vivienda única”, explicó.
