Reglamentación de edificaciones existentes
Insistirán con iniciativa a favor de
contribuyentes de bajos recursos
Pedirán el tratamiento del proyecto que propone un beneficio para los vecinos que presentan problemas para afrontar el costo de las tramitaciones y regularizaciones municipales.
Concejal Sergio Ripoll, referente de la agrupación Futuro con Dignidad.
Agencia Santo Tomé
Ariel Durán-Sergio Ferrer
Cuando se reanuden las sesiones del Concejo Municipal -la próxima ha sido prevista para el 27 de julio-, el concejal justicialista Sergio Ripoll (Futuro con Dignidad) pedirá que se traten dos iniciativas suyas que por ahora están bajo estudio de comisión y con las cuales, tal aseguró el propio edil, “serían beneficiados muchos vecinos”. Una de dichas propuestas, por ejemplo, guarda relación con la posibilidad de favorecer la regularización de las edificaciones existentes, efectuadas por personas de bajos recursos. Para estos casos, explicó Ripoll a diario El Litoral, “se quiere generar una herramienta administrativa tipo moratoria (lo que implicaría alguna quita o merma en el monto a pagar), pero sólo para las construcciones de menor porte ya destinadas a viviendas, especialmente para que los propietarios puedan regularizar las mismas”.
Imposibilidades de pago
“El año pasado el Ejecutivo local implementó un plan de cancelación de obligaciones tributarias relacionadas con el derecho de edificación y propuso que se cancele el mismo hasta en 18 cuotas mensuales sin interés; pero, una vez puesto en marcha aquel, la realidad indicó la existencia de numerosos vecinos contribuyentes que no pueden, aún así, regularizar las edificaciones, en virtud del costo que les significa dicha tramitación”, prosiguió Ripoll. “No hay que olvidar que no sólo deben asumir los honorarios y aportes profesionales que demandan la confección de los respectivos planos, sino que -además- tienen que cubrir las multas administrativas surgidas por haber construido sin permiso, a lo que deben sumarse -igualmente- los casos en que las multas aumentan porque lo construido no se compadece con lo estipulado en el Reglamento de Edificación vigente, hecho que provoca otro incremento considerable, que tampoco pueden asumir”, acotó después.
“Dentro de esta problemática se encuentra una franja muy amplia de personas que han construido lo mínimo indispensable para alojarse dentro de una vivienda digna, debiendo postergar el cumplimiento de la normativa vigente para dar satisfacción a impostergables necesidades básicas de subsistencia”, aclaró Ripoll posteriormente. “Así, nos encontramos con dueños de casas pequeñas que desean realmente poseer la documentación reglamentaria de esa propiedad, pero sus propias posibilidades económicas no le permiten cumplir con los montos establecidos para concretar dicho anhelo”, completó.
Viviendas unifamiliares
“Para que cada vecino pueda contar con su vivienda regularizada, es preciso que se aborden iniciativas como éstas y se pueda ofrecer desde el Estado municipal una concreta posibilidad al respecto, contribuyendo de este modo para que puedan regularizar sus edificaciones y también puedan obtener los títulos de propiedad correspondientes”, enfatizó el nombrado legislador santotomesino a continuación, a la vez que aclaró que esta propuesta ha sido pensada para beneficiar a titulares de viviendas conocidas como unifamiliares o pequeños salones comerciales, excluyéndose expresamente a quienes posean construcciones mayores de 150 metros cuadrados en el primero de los casos y 10 metros cuadrados en los segundos.
“Asimismo, se excluirán las regularizaciones de mejoras tales como quinchos, piletas o ampliaciones de viviendas, así como tampoco podrán acogerse a este beneficio las familias en las que alguno de los integrantes registran otro bien a su nombre, o aquellas personas que tengan emprendimientos de intención netamente especulativa”, finalizó Ripoll, que para la próxima sesión también intentará “fogonear’ nuevamente la iniciativa de su autoría en la que contempla la situación de numerosas personas que poseen la firme voluntad de cancelar las obligaciones tributarias que pesan sobre los inmuebles que poseen, con el fin de encauzar la situación pertinente y para concluir con los trámites tributarios que refieren a dicha propiedad”.
