EDITORIAL

Una cuestión

compleja

El Congreso Nacional tiene previsto tratar, en los primeros días de agosto, el proyecto para llevar los haberes jubilatorios al 82 % del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores en actividad.

En rigor, se trata de distintos proyectos -que se basan en esa pauta general, pero tienen diferencias en cuanto a sus alcances inmediatos- impulsados desde la oposición y rechazados por el oficialismo.

El argumento central para propiciar las modificaciones encuentra sus raíces en la justicia social, la Constitución Nacional (Art. 14 bis), la equidad distributiva y la jurisprudencia de la Corte (casos Chocobar, Sánchez y Badaro). Si se toma en cuenta la exigüidad de los haberes en casos extremos, debe agregarse también la razón humanitaria. Y desde el punto de vista de la política económica y la sustentabilidad del Estado, el fundamento apunta a la condición superavitaria que exhibe actualmente el organismo previsional.

Desde el gobierno central se rechaza esta posibilidad, esgrimiendo como defensa los incrementos registrados en los últimos años por los haberes jubilatorios y mostrando como el mejor avance factible en la materia la ley sancionada en 2008, que establece dos actualizaciones por año, en función de los índices de aumento de los precios y la recaudación fiscal. También se alude a que llevar los sueldos de los jubilados al nivel que se pretende provocará el desfinanciamiento de la Anses y un pasivo imposible de solventar por el Estado.

La magra retribución que los pasivos reciben, a pesar de haber aportado una parte sustancial de sus sueldos durante el curso de su vida laboral, y las necesidades que en muchos casos padecen por efecto del costo de vida y, particularmente, en materia de atención de la salud, habilitan sin lugar a dudas la discusión sobre el reajuste de haberes. Naturalmente, plantearlo sin más y al margen de su viabilidad resulta de una irresponsabilidad absoluta, con fines puramente demagógicos. De la misma manera que lo es plantarse en la negativa, invocando sin matices la imposibilidad de afrontar el gasto y acaso especulando con la utilización irrestricta de esa importante caja de recursos; sea para solventar la política social oficial o para utilizarlo como herramienta de crédito.

Entre ambos extremos, viciados de reduccionismo, el debate admite diversas posturas más abarcativas, integrales y profundas, que afinan los números e intentan despegarse de la coyuntura en beneficio de la previsibilidad, realizando proyecciones a futuro y proponiendo fuentes específicas de financiamiento; como parte de una cuestión que incluso afecta la distribución de la coparticipación fiscal.

La complejidad del problema, que a los aspectos suscintamente enumerados deben agregarse los desafíos que -a nivel mundial- impone el factor demográfico y el aumento de la expectativa de vida, lleva a que el tema no pueda ser considerado a la ligera, ni restringido a motivaciones de corto alcance. En toda esta dimensión debe ser abordado en el Congreso, sin olvidar que, mientras tanto, los jubilados no pueden esperar indefinidamente.