EDITORIAL

Tensión en el gobierno de Obama

Se sabe que gobernar es comprar problemas y esta sentencia la está aprendiendo -con las consecuencias del caso- el presidente Barack Obama. La reciente revelación de documentos secretos del Pentágono, sobre la guerra de Afganistán, es un ejemplo paradigmático de lo que significa para un mandatario tener que afrontar conflictos heredados. Lo más irónico del caso es que ya se considera un clásico de la política internacional de EE.UU., que las operaciones del Pentágono, la CIA o el propio Departamento de Estado se ventilen públicamente y se ventilen de la peor manera.

Desde que Obama llegó al gobierno, propuso algo así como un “nuevo trato” a la situación militar planteada con el denominado universo musulmán. Este “nuevo trato” significaba por parte de EE.UU., una nueva predisposición para enfrentar estos problemas y un compromiso a poner fin a las guerras en Afganistán e Irak en un plazo razonable y activar las negociaciones de paz en Medio Oriente, incluso a contrapelo de las opiniones de la dirigencia conservadora de Israel.

Lamentablemente, sus buenas intenciones parecen no corresponderse con los hechos. En principio, los grupos fundamentalistas, no están decididos a modificar su actitud por los discursos piadosos de Obama. Por el contrario, consideran que sus palabras son más un signo de debilidad que de fortaleza, y proponen, por lo tanto, incrementar su ofensiva.

Por otro lado, la reciente publicidad de supuestas decisiones del ejército norteamericano lesiva a los derechos humanos, no sólo que contribuyen a desprestigiar más aún a las fuerzas armadas del “imperio”, sino que ponen en evidencia la vulnerabilidad de sus sistemas de seguridad. El reciente escándalo incrimina EE.UU. en crímenes de guerra que incluyen ataques a la población civil, muerte de niños y mujeres en operaciones especiales, errores estratégicos en la fijación de los enemigos, empleo de material bélico prohibido; todo ello ocurrido entre los años 2004 y 2009, años en los que Obama no estaba en la presidencia, pero de lo que deberá hacerse cargo y pagar los costos del caso.

Tan grave como determinar el destino de las operaciones militares de EE.UU. en esta conflictiva región, es asumir que las informaciones filtradas son comprometedoras por partida doble porque, además de dar a conocer información al enemigo, el hecho constituye la mayor filtración de datos de la historia militar de un país habituado a vivir este tipo de escándalos.

Por último, a nadie se le escapa la tensión interna que provocan estos papelones entre esta vocación militarista e imperial de la política exterior norteamericana y los fundamentos de su cultura republicana. No deja de ser una paradoja que el Estado exija documentar todas las acciones que se realizan, incluso las más controvertidas. Esa contradicción entre ilegalidad y clasificación burocrática de todos los actos, genera estas discordancias, agravadas en este caso por la incapacidad para mantener el secreto de Estado.