Otra resolución de la API
Los escribanos deberán denunciar ventas de inmuebles subvaluados
El precio de referencia se obtendrá de multiplicar el valor fiscal por cinco para los urbanos, y por siete para los rurales. Es una medida provisoria, hasta que esté vigente el Valor Inmobiliario de Referencia.
De la redacción de El Litoral
En una especie de transición hasta tanto esté vigente el Valor Inmobiliario de Referencia, la Administración Provincial de Impuesto comenzó a aplicar a partir de hoy la resolución Nro. 24 que obliga a los escribanos a informar a la repartición toda venta de un inmueble que se concrete por debajo del valor que surja de multiplicar el valor fiscal por cinco en el caso de los urbanos y suburbanos, y por siete, cuando sean rurales.
De esta manera, los escribanos se convierten en agentes de información, y como tales, deberán comunicar a la API (a través de la página web oficial del gobierno) los actos comerciales mencionados, dentro de los treinta días de su formalización.
“A partir de esa notificación, la provincia revisará en qué términos se hizo esa operación”, dijo a El Litoral, el titular de la API, José Raffín. El funcionario explicó que la resolución que lleva su firma, se propone evitar la comercialización de inmuebles subvaluados, y admitió que la medida también busca aumentar la recaudación del impuesto de Sellos, que grava este tipo de operaciones, y que hoy representa alrededor de 45 millones de pesos para la provincia. También impactará en el cobro de tasas retributivas de servicio.
Fundamentos
En los considerandos de la resolución, el gobierno advierte sobre el desfasaje que existe entre el valor de mercado de las propiedades y el avaluó fiscal, que data de 1993. Y recuerda, que dicha valuación es la base para la determinación de algunos impuestos, como Sellos o algunas Tasas Retributivas de Servicio.
Acota el texto que “los distintos indicadores vinculados con la construcción y el mercado inmobiliario (metro de construcción considerando superficie de terreno, superficie cubierta, antigüedad, estructuras, ubicación geográfica) demuestran que los valores consignados en las operaciones inmobiliarios no reflejan los valores reales del mercado”.
Para las operaciones con inmuebles rurales, la resolución 24 regirá hasta el próximo 31 de diciembre. A partir de allí, la pretensión de la Subsecretaría de Ingresos Públicos es comenzar a operar con el Valor Inmobiliario de Referencia (VIR). Se trata de un valor que surgirá del trabajo del Observatorio de Valores, que fue puesto en funcionamiento la semana pasada. Allí convergen todos los actores que intervienen en el espectro inmobiliario, y de esa confluencia, deberá surgir el valor de referencia de las propiedades. El objetivo del VIR es “transparentar” el mercado inmobiliario, según dijo el titular de la repartición, Sergio Beccari.
Avalúo
Las autoridades de la Subsecretaría de Ingresos Públicos insistieron en advertir que ninguna de estas medidas (ni la resolución 24 ni la creación del Observatorio de Valores) modifican el avalúo fiscal. Los funcionarios recordaron que el actual data de 1993 y “está desactualizado”, pero admitieron que ello sólo puede modificarse por ley.
La resolución apunta a transparentar el mercado inmobiliario, dijo el administrador de API, José Raffín. Foto: Archivo El Litoral
Ultima cuota
El gobierno de la provincia pagó el pasado viernes la última cuota del préstamo que obtuviera la provincia hace más de diez años para privatizar el Banco de Santa Fe.
“Pagamos la última cuota del préstamo que había tomado la provincia en 1998 pero que empezó a cancelarse en 2001, con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y destinado a financiar el proceso de privatización del ex banco de Santa Fe”, dijo a El Litoral, el secretario de Hacienda, Carlos Fernández.
Según precisó, fueron cuotas semestrales de treinta millones de pesos, de un crédito total de alrededor de u$s 160 millones.
“Estamos cerrando esa etapa -dijo Fernández-. Paralelamente, estamos también cerrando el trabajo del Banco residual que se creó tras la venta del banco estatal. Se hizo todo el esfuerzo por recuperar lo recuperable pero se recuperó un porcentaje no muy significativo durante diez años”. De todos modos, se negó a revelar cifras. “No queremos tener un dato histórico, sino actualizado para poder comparar lo que el banco tenía para cobrar y lo que realmente logró cobrar”, se justificó.
Por último, reveló como dato significativo que a partir de la cancelación de este préstamo, la provincia prácticamente se convierte en acreedora de la Nación.
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