EDITORIAL

Incertidumbres del gas natural

El gobierno nacional firmó el contrato para construir 32 kilómetros del gasoducto Juana Azurduy, desde Campo Durán en Salta hasta la frontera norte del país; la cañería se complementa con 15 kilómetros en territorio boliviano, para alcanzar el yacimiento de gas de Margarita -que opera Repsol- en el vecino país. Ése es el paso preliminar y necesario para alimentar el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que llegará hasta nuestra ciudad.

Durante un acto en la Casa Rosada, Cristina Fernández de Kirchner volvió a expresar su molestia con el periodismo que refleja datos de crisis energética. Vale poner en perspectiva la obra anunciada por la presidenta, sus virtudes y las promesas -aún por cumplir- de la gestión nacional.

El GNEA fue anunciado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner; su licitación tuvo 13 postergaciones y recién el lunes pasado la jefa de Estado pudo confirmar la traza de la red troncal, que comienza en Campo Durán, atraviesa Formosa, baja hacia Chaco y abre dos grandes brazos: uno por Corrientes hasta Misiones y el otro por Santa Fe hasta Desvío Arijón, entrando con redes secundarias en todo el centro norte provincial.

Bien por el gobierno nacional, que promete llegar así -tal como lo destaca la Casa Rosada- a 1,5 millones de habitantes en 163 localidades con una inversión de 10.800 millones de pesos. No menos cierto es que esa obra todavía no se concreta, lleva 6 años de retraso y que apenas ayudará a paliar en parte el déficit de gas natural que hoy tiene el país.

En los días más frío de este invierno, la Argentina consumió 120 millones de metros cúbicos diarios de gas natural ofrecido por yacimientos propios, 10 millones importados mediante barcos “metaneros” que operan desde el puerto de Bahía Blanca y hasta 7 millones (excepcionalmente) provenientes de Bolivia, según el contrato y la capacidad de transporte vigentes.

En ese límite, las usinas eléctricas dejaron de recibir 35 de los 50 millones de metros cúbicos diarios que demanda el parque térmico en su máxima capacidad; otros 20 millones faltaron para mover a industrias con contratos “interrumpibles”. La lógica de preservar el consumo domiciliario no se discute; el mayor costo de producción y el déficit son incontrastables.

De aquí al 2017, si el GNEA finalmente pasa de promesa a realidad, podrá alcanzar 27,7 millones de metros cúbicos diarios, es decir, 20 millones más de los que hoy llegan desde Bolivia. Menos que el déficit, aunque es necesario advertir que ésta no es la única obra que encaró la Nación, y que se busca diversificar la matriz energética.

De todas maneras, debe considerarse el mayor costo. La Casa Rosada pagará a Repsol en Bolivia 7,2 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica) de gas, y el costo de la provisión por barco alcanza a 11 dólares por una porción similar. En el país, en boca de pozo, el gas se paga sólo 3 dólares; la tarifa es más amable a la hora de facturar a los consumidores, pero no alcanza para expandir la exploración mientras las reservas caen. El resultado es un progresivo costo de subsidios, que el gobierno no podrá sostener.