La seguridad ciudadana y la

necesidad de nuevos relatos

Osvaldo Agustín Marcón

Desde hace varias décadas las políticas de seguridad ciudadana se definen teniendo como referencia central la capacidad de represión policial. Todo esfuerzo por lograr alternativas se reduce a graduar “el poder de fuego”, siendo evidentes las dificultades para profundizar ideas que tengan otro marco de referencia. En consecuencia, aumentar la seguridad ciudadana aparece inexorablemente ligado a incrementar el presupuesto policial, con lo que esto implica en términos de relatos, es decir, de discursos, prácticas e imaginario social.

Sin embargo, desde hace algunos años, frente a tal infertilidad, se advierten importantes experiencias alternativas que merecen atención. Son las que genéricamente se identifican como de Seguridad Comunitaria, en las cuales el rasgo fundante es la participación ciudadana, pero sobre la base de potentes reconversiones presupuestarias. Dichas iniciativas promueven aprendizajes sociales, por lo que su prosperidad depende de la capacidad para conceptualizar experiencias, corregir errores e incrustar esos avances en el organigrama estatal. Por ende, se aspira a que trasciendan los vaivenes gubernamentales y se instalen como políticas de Estado. En cuanto nuevos modos de pensar no convalidan ingenuidades que nieguen aspectos de la realidad, como por ejemplo, la existencia del denominado crimen organizado, que requiere otro tipo de intervenciones. No obstante, parten de considerar la correlación entre el incremento de la exclusión social y el aumento del delito como característica saliente de la problemática. Esto último da a la Seguridad Comunitaria una orientación ideológica claramente definida que impacta a nivel preventivo, pero también ante los hechos delictivos consumados, de modo tal que lo que se potencia es el trabajo sobre la génesis del problema, con énfasis en la profesionalización de los operadores destacados para promover y fortalecer la referida participación.

Por este camino, la lógica comunitaria uniforma la lógica policial en sus dimensiones preventiva y represiva, sin negarla pero excediéndola ampliamente. Dicho de otro modo: la administración del monopolio de la violencia sigue en manos del Estado pero con profundas reconfiguraciones. La policía, en definitiva, vuelve a ser parte de la comunidad sin pretender usar a ésta última como agente encubierto. En definitiva, la participación comunitaria mejora la naturaleza de la primera.

No obstante, conviene advertir que la escueta capacidad de innovación a la que nos referimos al inicio, a pesar de estas experiencias comunitarias, surge en gran medida del propio modo de pensar que impone la organización funcional del Estado, signada por el conocido organigrama-pulpo que actúa como corsé antes que facilitador. Así, desde “cabezas” presuntamente ejecutivas descienden “tentáculos” con demasiadas dificultades para comunicarse entre sí y con la realidad. Es por ello que, admitida esta dimensión constitutiva del problema, se impone la necesidad de transversalizar el análisis de la seguridad evitando depositar la responsabilidad en uno de los tentáculos (el policial) y requiriendo una robusta presencia de todo el Estado en cada situación-problema, estrategia que exhibe coherencia con la referida concepción causal.

Subrayemos entonces: uno de los soportes lógicos consiste en instituir la idea de comunidad como gestora de seguridad tanto desde sí misma como desde el corazón de los organismos que administran el monopolio de la violencia estatal. No se trata de un acto transformador, sino de un proceso que debe ser evaluado en cuanto tal sin ceder ante la tentación de medir solamente resultados finales. Como venimos diciendo, si se admite la multiplicidad causal no puede menos que reconocerse la necesidad de predisponer todos los recursos estatales para el abordaje del problema. Utilizar solamente un “tentáculo” es participar de una nueva ficción.

En la Seguridad Comunitaria el rasgo fundante es la participación ciudadana. Dichas iniciativas promueven aprendizajes sociales, por lo que su prosperidad depende de la capacidad para conceptualizar experiencias, corregir errores e incrustar esos avances en el organigrama estatal.

La lógica comunitaria uniforma la lógica policial en sus dimensiones preventiva y represiva, sin negarla, pero excediéndola ampliamente. Dicho de otro modo: la administración del monopolio de la violencia sigue en manos del Estado aunque con profundas reconfiguraciones.