Al margen de la crónica

La Legislatura es la caja de resonancia de la vida política de la provincia y el clima se espesó en las últimas semanas por cruces de acusaciones entre el actual oficialismo y el justicialismo. La concesión directa de la autopista por medio año volvió a los Tribunales temas de la administración como no ocurría desde hacía varios años cuando ocurrió la compra de motoniveladoras chinas durante la gestión anterior. El oficialismo además agita el pasado del Banco de Santa Fe cuando estaba en manos del Estado y el justicialismo opta por olvidarlo e instalarse en temas del presente.

En medio de estos cruces, la Legislatura votó el último jueves algunos proyectos que pretenden llevar alivio al ciudadano, como la obligatoriedad de que exista una línea 0800 para pedir turnos de atención en los hospitales santafesinos, o el registro “No llame” para anotarse y evitar ser molestado por promotores de ventas de determinados servicios. En ambos casos, habrá que esperar que las reglamentaciones no estorben el buen criterio del legislador.

Pero además en Diputados se empezó a desandar el camino para tornar operativa en la provincia la Ley de Defensa del Consumidor, que se dictó en la Argentina en 1993 y que al año siguiente, con la reforma constitucional, incorporó los derechos de consumidores y usuarios. La aprobación del Código, una serie de procedimientos gratuitos, la posibilidad de llegar incluso a tribunales arbitrales, así como el reconocimiento de la legitimación para accionar a las asociaciones de consumidores y al defensor del Pueblo de la provincia y la posibilidad de que sean los municipios y comunas las que asuman la tarea son las bases de la iniciativa.

El objetivo es que el consumidor o el usuario tenga un camino para hacer frente a sus quejas ante prestadores de servicios públicos, bancos, tarjetas, o bien la publicidad engañosa, temas que nos agobian casi a diario y sobre los cuales no todos saben cómo actuar.