En un acto con gobernadores y empresarios
Cristina presenta hoy un informe
para quedarse con Papel Prensa
El documento considera que Clarín y La Nación adquirieron la empresa porque sus dueños fueron torturados por los militares. Pero las mismas víctimas reconocieron en la Justicia, en plena democracia, que la venta fue antes de que fueran secuestradas.
De la redacción de El Litoral
CMI/DyN
La presidenta Cristina Fernández presentará hoy un informe sobre la empresa Papel Prensa, la principal proveedora de insumos para los periódicos de todo el país, de la cual actualmente el Estado es accionista junto a los diarios Clarín y La Nación. El acto se realizará a las 18.30 en la Casa Rosada y fueron invitados gobernadores, legisladores y empresarios; en primera fila estará el ex presidente Néstor Kirchner.
En el informe trabajó la ex interventora del Indec, Beatriz Paglieri, mano derecha del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en Papel Prensa y, según la misma funcionaria, “hay pruebas irrefutables de la complicidad que existió entre la dictadura militar y los dueños de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en el momento en que se produjo el traspaso de las acciones de Papel Prensa”.
Paglieri sostuvo que queda demostrado “que se trató de una apropiación de dichas acciones en un acto viciado de ilegalidad, ya que los otros accionistas no tuvieron oportunidad de mostrar su voluntad a la hora de la operación, ya que fueron presionados a través de los tristemente célebres métodos del terrorismo de Estado”.
Historia inventada
Los diarios La Nación y Clarín sostuvieron anoche, en un comunicado titulado “Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa”, que con el informe de Paglieri el gobierno busca anular la compra la empresa por parte de los accionistas privados para así controlar la provisión de papel a los diarios y cercenar la libertad de expresión.
Señala el comunicado que dicha venta fue ejecutada el 2 de noviembre de 1976, meses antes de que quienes eran dueños de la empresa, los herederos de David Graiver, fueran perseguidos, encarcelados y torturados por el gobierno militar por estar vinculados al grupo Montoneros.
El informe de Paglieri fue elaborado a raíz de la declaración ante la Cámara de Diputados de Osvaldo Papaleo, ex periodista y hermano de Lidia Papeleo, viuda de David Graiver (quien falleció en agosto de 1976 en un accidente aeronáutico en México). Papeleo sostuvo que la venta fue ilegal y que su hermana fue torturada para obligarle a ceder las acciones. Además, Papaleo sostuvo que la transacción fue a precio vil y que las acciones no podían transferirse porque eran parte de la sucesión de Graiver.
Manipulación
Pero La Nación y Clarín refutan estas teorías y ponen como pruebas las declaraciones de la misma Lidia Papaleo ante los Juicios por la Verdad de 1986, en los que se juzgó los crímenes de los militares. En ellos, la viuda reconoció que su secuestro se produjo en marzo de 1977, y dicha fecha fue ratificada por los deudos de David Graiver en una solicitada que la prensa publicó en 1989. Es decir que según estas mismas declaraciones, la venta de Papel Prensa se produjo cuando los herederos de Graiver estaban en libertad. “La Justicia no encontró vínculo alguno entre la detención de los Graiver y Papel Prensa. La compra también fue investigada, en democracia, por el fiscal Molinas, que no encontró irregularidades en la misma”, explican La Nación y Clarín en el comunicado.
Además, los accionistas privados aseguran que el único documento que firmó Lidia Papaleo fue por la transferencia de las acciones que estaban en la sucesión y que quedaron en manos del Estado nacional, a través de la agencia Télam. Y aclaran que las acciones que compraron eran clase A, que estaban en manos de un testaferro de Graiver, el banquero Rafael Ianover.
En el comunicado, los accionistas privados de Papel Prensa señalan: “El gobierno viene distorsionando con alevosía hechos históricos, manipulando dolosamente personas y situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia para bastardear la bandera de los derechos humanos, una de las prácticas más deleznables del kirchnerismo”.
Tras las rejas
Además de buscar anular la compra de Papel Prensa para controlar a la prensa no oficialista, el gobierno desnudó ayer, a través de Paglieri, su intención de ver presos a los dueños de Clarín y La Nación, ya que se los acusa de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben. La funcionaria explicó que la decisión final sobre la presentación judicial la tomará “la máxima autoridad que es la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.
“El CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, tendrá que explicar sus fundamentos ante la Justicia”, sostuvo Paglieri, y agregó que también deberán hacerlo todos los dueños de los diarios involucrados, en referencia a Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre y la familia Peralta Ramos, accionistas de Clarín, La Nación y La Razón, respectivamente.
