Al margen de la crónica

Mala praxis política

Después de varias idas y venidas, la Legislatura sancionó una ley que permitirá poner fin al reclamo de policías y agentes penitenciarios y de ex bancarios transferidos a la administración pública durante el proceso de privatización del Banco de Santa Fe.

Son dos planteos judiciales diferentes cuya solución venía siendo postergada por los diferentes gobiernos con la certeza de que alguno deberá hacerle frente y para los cuales ahora, el Estado deberá disponer de más de 110 millones en los próximos años.

En el caso de la policía se trata de unos 9.500 reclamos que en la práctica consiste en el reconocimiento del pago conforme a los criterios establecidos por la Cámara Contenciosa en lo Administrativo Nº1 en la causa “Agustine” que la provincia ya ha consentido. A esto se le adiciona un planteo aún no resuelto en sede judicial consistente en el reclamo por las diferencias generadas en el período 90/ 91. Para los ex empleados transferidos del Banco de Santa Fe Sapem consiste en otorgarles una compensación por la mora en el escalafonamiento y por la consecuente frustración de la carrera, a lo que se suma el derecho a obtener una categoría adicional a los fines jubilatorios.

Lo cierto es que políticas equivocadas de funcionarios políticos de turno dieron lugar a planteos judiciales que tuvieron su consentimiento en sede judicial. A esta altura, apenas los demandantes deben recordar a los funcionarios que los perjudicaron y que habilitaron la demanda y el consiguiente juicio que además brindará jugosos beneficios a profesionales del derecho.

En concreto, en política, pasan las gestiones y muy pocos recuerdan a funcionarios que adoptaron políticas equivocadas que le cuestan dinero al Estado, dinero que podría destinarse a caminos, escuelas o salud pública. No hay juicio de mala praxis como en otras profesiones y tal vez algunos de ellos hasta levantaron la mano para sancionar esta ley de punto final.