EDITORIAL

Paraná Metal y el Modelo “K”

La resolución del conflicto de Paraná Metal es un banco de pruebas para el modelo kirchnerista de la economía, en los términos propios del discurso oficial. Allí se verá si el privilegio del modelo lo tienen la inclusión laboral, la producción nacional que sustituye importaciones y la generación de riquezas, o bien el simple negocio forzado en favor de la burguesía de amigos.

El caso es emblemático porque fue Guillermo Moreno el que llevó a Cristóbal López a comprar la empresa metalúrgica del sur santafesino. La firma de Villa Constitución ha sido fabricante de bloques para motores, es decir una “autopartista”, que quedó desactualizada por falta de inversión y perdió clientes en las terminales del país e incluso en el exterior, ya que era proveedora de Ford en Brasil.

El gobierno nacional tiene activo un programa de créditos para desarrollar autopartistas nacionales, con 1.270 millones de pesos financiados en parte con la plata de la Anses, es decir el dinero de los jubilados. López es un hombre allegado a la Casa Rosada y Paraná Metal necesita inversiones; sin embargo el empeño está puesto en la disminución del plantel laboral antes de que se conozca cuáles son los planes de reactivación, si es que los hay.

La Argentina se encamina a un año récord de fabricación de automóviles. Los pronósticos van de 680 mil a 700 mil unidades hasta completar los 12 meses del año; pero cuanto más se fabrica en el país, más problemas hay con la balanza comercial, porque se aumenta la importación de autopartes y se incrementa un desbalance sectorial valuado en 7 mil millones de dólares.

Según los datos que maneja la Secretaría de Comercio, las unidades que salen de las terminales argentinas poseen en promedio un 23 % de componentes nacionales. Elevar ese nivel es un objetivo explícito planteado por la presidenta Cristina Fernández y una meta irreprochable en términos de desarrollo nacional. Pero un 10 % más de autopartes argentinas necesita al menos de una inversión de mil millones de dólares.

El escollo que se presenta es, por cierto, un problema de crecimiento. Pero a pesar de la demanda asegurada y de las líneas crediticias disponibles, el sector no encuentra la confianza necesaria para decidir sus inversiones. Del atril presidencial a los cortes de rutas por parte de trabajadores desempleados, hay distorsiones de las que el gobierno se tiene que hacer cargo.

El “Justicialista”, aquel auto nacional que impulsó Juan Domingo Perón desde la planta cordobesa de las Industrias Mecánicas Aeronáuticas del Estado, sobrevuela los sueños del gobierno, pero excede sus capacidades en un mundo que, particularmente en materia automotor, se integra inexcusablemente a escala global.

De todas maneras los sueños, si son justos, no admiten renuncias. Pero los actos deben ser consecuentes con los discursos, porque sin coherencia no hay eficiencia. Más autopartes nacionales necesitan de capitales dispuestos a arriesgar inversiones productivas en un razonable clima de negocios; y eso no es lo mismo que la burguesía de amigos financiada con la plata de los jubilados.