Durante cinco años no se definió la situación de refugiado
La Corte dispuso la extradición de un ex jefe guerrillero chileno
Galvarino Sergio Apablaza Guerra, ex integrante del FPMR, está acusado de actos terroristas perpetrados en 1991. La decisión desató un revuelo político en víspera de una visita de la presidenta a Santiago.
DyN
La Corte Suprema de Justicia de la Nación concedió hoy la extradición pedida por Chile de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), acusado de actos terroristas perpetrados en su país en 1991.
El máximo tribunal adoptó la decisión después de aguardar durante casi 6 años que se resolviera un pedido del chileno para ser acogido en la Argentina como refugiado político. Apablaza Guerra está acusado, entre otros delitos, del atentado que mató al senador conservador Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro de Christian Edwards del Río, alto directivo del diario El Mercurio.
El chileno permanece en libertad en la Argentina, pero el fallo de la Corte podría modificar esa situación, ya que podría ser “detenido con fines de extradición”, se indicó en Tribunales. No obstante, la decisión final debe tomarla el Poder Ejecutivo, que aún está en condiciones de concederle el status de refugiado.
El juez federal Claudio Bonadío había rechazado la extradición del chileno, pero el Estado trasandino apeló la decisión, y tratándose de un juicio de esa naturaleza la única instancia de apelación habilitada es la Corte Suprema. El 1º de diciembre de 2004 la defensa de Apablaza Guerra pidió a las autoridades argentinas que le concedieran el status de refugiado, un paso que -en caso de ser aceptado- clausuraba definitivamente la posibilidad de la extradición.
Desde entonces, y pese a los reiterados reclamos de la Corte para que se aclarara la situación del chileno, la Comisión Nacional para Refugiados respondió reiteradamente que tenía el asunto a estudio, y que comunicaría al máximo tribunal sobre su decisión, cuando ocurriera.
La Corte sostuvo que esa situación de indefinición que lleva un lustro compromete “severamente los intereses que confluyen en este tipo de procedimientos con grave e injustificado perjuicio del requerido en vulneración de la garantía de la defensa en juicio” y del Estado de Chile “en el juzgamiento de todos los delitos que son de su competencia”.
El máximo tribunal consideró que el homicidio del senador Guzmán Errázuriz no fue un crimen político, caso en el que un país no está obligado a conceder una extradición.
La Convención Interamericana sobre Extradición establece que para estos casos un crimen político se considera “el atentado contra persona del jefe de Estado o de sus familiares”. “Es de destacar que Apablaza Guerra, al declarar en oportunidad de llevarse a cabo el juicio, no formuló la más remota alusión de que hubiera obrado bajo la influencia de una motivación política”, sostuvieron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
El viaje de Cristina
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará el sábado próximo a Chile para participar de los festejos del Bicentenario de su independencia, en coincidencia con el reclamo de que resuelva la extradición de Galvarino Apablaza Guerra.
El sábado 18 será el día central de las celebraciones, cuando Fernández de Kirchner arribe a ese país, junto a los demás presidentes latinoamericanos invitados, aunque sin su cónyuge, el ex presidente Néstor Kirchner, aún convaleciente de la angioplastía que se le practicó el fin de semana anterior.
La visita se producirá luego de que ayer la Corte Suprema de Justicia declarara procedente la extradición a Chile de Apablaza Guerra, acusado de haber participado en el asesinato, en 1991 -ya en democracia- de un senador chileno que había sido un colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet, y del secuestro de un directivo del diario El Mercurio.
El ex guerrillero deberá enfrentar a la Justicia en su país tras la decisión de la Corte argentina.
Foto: Archivo El Litoral/EFE
Reclamo
Organismos defensores de Derechos Humanos, encabezados por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestaron su “preocupación” por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. En un comunicado remitido a DyN por el abogado Rodolfo Yanzón, los organismos reclamaron que “con suma urgencia la Comisión Nacional de Refugiados resuelva favorablemente su petición de ser reconocido como refugiado político” y sostiene que Apablaza es víctima “de la persecución política que existe en su país contra militantes”.
