Candidaturas en debate
Es habitual que un gobernante sin posibilidades o intenciones de ser reelecto deposite sus preferencias en algún candidato a sucederlo en particular, constituyendo lo que, en el plano político, ha sido equiparado terminológicamente al “delfín” de las tradicionales monarquías europeas.
Esto suele dar lugar a situaciones equívocas y enojosas, cuando no directamente enfrentadas con los propósitos de los procedimientos de renovación de autoridades. La reiterada aparición del candidato en fotografías y actos oficiales, el difícil discernimiento entre acciones de gobierno y fines proselitistas e, incluso, el riesgo de violentamiento de las restricciones preelectorales configuran una zona gris que invade la imprescindible transparencia que debería tener la etapa previa al recambio.
Aun así, y sobre todo, en la medida en que se busque la manera de evitar distorsiones, resulta tan inevitable como comprensible, por distintas razones. Por eso es lícito que el actual gobernador de la provincia se haya inclinado públicamente por uno de sus ministros principales y de mayor confianza.
El problema es la manera en que lo hizo, y las cuestiones que puso en crisis al hacerlo. Con sus primeras y veladas referencias a la posible candidatura del ministro Bonfatti, el mandatario aceleró los tiempos políticos preelectorales y apresuró movimientos de piezas, tanto en el socialismo como en las demás fuerzas que componen la coalición gobernante. Cuando finalmente expresó sin ambages cuál es la postulación que respalda, acompañó la definición con una serie de fundamentaciones que chocan con la salubridad del libre desarrollo del sistema de partidos e, incluso, con la pureza de las formas republicanas.
Aunque luego recapituló y buscó corregir el tenor de sus dichos, a priori el gobernador redujo las opciones para la sucesión a un hombre de su gabinete como única garantía de continuidad exitosa de la gestión, y con el agregado de una descalificación de los demás candidatos, cuya aptitud puso en duda sobre la base de su “desconocimiento”.
Naturalmente, estos conceptos no sólo contradicen las pautas -políticas, filosóficas, ideológicas- que sustentan la ejemplar Ley de Primarias Abiertas que rige en nuestra provincia como mecanismo para la selección de candidatos a cargos electivos, en desmedro de cualquier tipo de digitación, sino que desmonta el andamiaje en que se apoya la propia naturaleza de su gobierno: una coalición de varios partidos, cuyos representantes se suponen parte integrante y activa de la gestión. Una condición que no se compadece con la ajenidad esgrimida.
Por consiguiente, sería de un imperdonable reduccionismo considerar que se trata solamente de cuestiones internas y limitadas a la dinámica propia de las fuerzas políticas. El hecho de que se trate del gobernador, el contenido integral de la propuesta que la ciudadanía escogió para regir los destinos de la provincia y el criterio de participación genuina que postula el actual sistema electoral son factores que exceden claramente ese marco.
