Los consumidores pagan el impuesto nacional también en ese servicio
Aguas: el IVA se lleva 23,5 %
Por cada $ 100 que factura ASSA 23,5 se van al Tesoro Nacional. Actúa como agente de retención. Para 2010 serán unos 56,4 millones.
Luis Rodrigo
Al cabo de actualizaciones sobre el valor del metro cúbico de agua y de modificaciones en el cuadro tarifario, la empresa Aguas Santafesinas SA estima que para cuando termine 2010 habrá recaudado 240 millones de pesos. De esa suma aproximadamente 56,4 millones de pesos irán al Estado nacional en concepto de IVA.
Assa estima que el impacto final del Impuesto al Valor Agregado es superior al 21%, porque no todos sus clientes son consumidores finales. También provee el servicio a compañías que tienen otra categorización para el gravamen. El resultado es que casi un cuarto de lo que Assa factura (y cobra casi todo porque su índice de morosidad es de apenas unos pocos puntos) se va con el IVA, que representa un 23,5 final.
El agua potable distribuida por redes -y todos los insumos necesarios para su producción y transporte- están gravados con el impuesto al valor agregado que recae sobre los consumidores finales.
En 1992, el gobierno nacional produjo cambios de fondo en el sistema sanitario bajo su jurisdicción y dictó una serie de medidas para preparar la privatización de los servicios de agua potable y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano. Entre otros cambios se gravó con el IVA a los usuarios de los servicios sanitarios, que por entonces era del 18%.
Consumo asignado
En el caso de la ciudad de Santa Fe y Rosario, los dos mercados más importantes que atiende Assa, las confusiones de los usuarios sobre el valor del servicio y el valor de los impuestos son más graves.
Es verdad que la empresa discrimina perfectamente el valor final de cada componente en la facturación. Sin embargo, como la enorme mayoría de las facturas devienen de un volumen de agua asignado a cada propiedad según su tamaño, ubicación, calidad y valor económico, el IVA dentro de Assa se parece demasiado a un impuesto dentro de otro impuesto.
En cambio cuando las prestadoras de agua potable tienen un servicio medido, los valores de su facturación final son variables y también el peso final del IVA.
En general, la mayoría de los usuarios domiciliarios de Assa no tienen medidor, lo que sí ocurre -fuera de los 15 distritos de la principal prestadora- con los socios de las cooperativas, donde la infraestructura básica de las redes incluye el caudalímetro. (Ver aparte).
Como se verá, además de Assa y las cooperativas que actúan como agentes de retención del IVA (tanto como antes lo hacía la empresa privada Aguas Provinciales) hay una tercera situación, por cierto curiosa: los municipios y las comunas.
A salvo
Al otro lado del Puente Carretero, en Santo Tomé, los usuarios del agua potable (y las cloacas) que provee la Municipalidad no pagan el IVA.
Sin dudas el municipio paga el IVA cada vez que compra los productos necesarios para producir agua potable, tender redes o mantenerlas. Pero la proporción final que va a los usuarios es menor por una razón sencilla: se estima que la mitad del costo de producir agua potable es trabajo, que todavía no ha sido gravado con el famoso 21%.
Todos los municipios y comunas quedarán a salvo de la decisión que tomó el gobierno nacional en 1992, porque ya habían logrado que se considerara al servicio que prestan parte de una tasa.
Con el tiempo, en muchos casos, la boleta del agua potable y las cloacas se independizó de la tasa municipal y comunal, lo que es positivo porque permite a los administradores (y a los usuarios-contribuyentes) un control mejor de las cuentas del sector de saneamiento.
En la provincia de Santa Fe, las municipalidades más importantes que prestan alguno de los dos servicios son -además de Santo Tomé- Laguna Paiva, San Carlos Centro, San Cristóbal, Ceres, San Javier, San Justo, Vera, Capitán Bermúdez y Puerto General San Martín.
El Enress propone reasignar el recurso
El presidente del Directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Alberto Muñoz, sostiene que el IVA es -incluso como concepto impositivo- un gravamen injusto sobre un servicio esencial para la vida como el agua potable.
Subraya que desde hace años las asociaciones de consumidores y organizaciones no gubernamentales involucradas en el tema saneamiento (de las que proviene) bregan por eliminar ese impuesto.
Para Muñoz, lo que debería ocurrir es una sustitución del destino del 21 % que en concepto de IVA hoy pagan los usuarios. Propone crear un fondo de infraestructura o alguna figura, del tipo de las que ya tienen los servicios de electricidad en todo el país, por ejemplo, para que el lugar en el bolsillo del usuario que hoy ocupa el Impuesto al Valor Agregado lo tome un mecanismo de recaudación de asignación directa a las prestadoras.
Muñoz prefiere las expresiones directas y sencillas, como consignas políticas: “Todo lo que consigamos para saneamiento es poco”, define. Y recuerda que el espacio fiscal que hoy ya recae sobre los usuarios no debería eliminarse sino cambiar de destino.
“¿No es más simple, menos burocrático, más inteligente que el 21 % que hoy ya paga el usuario quede en cada prestadora de servicios sanitarios con la finalidad de mejorar sus servicios o ampliar su infraestructura que volcarlo al Estado nacional, que luego de sus decisiones, destina algo de lo recaudado al área sanitaria?”, pregunta -con lógica impecable- Muñoz.
Antecedentes
“Cargar el IVA al agua es parte de las ideas de los ‘90, con las privatizaciones, se hizo del agua potable distribuida por redes una mercancía más”, apuntó.
Recordó que hubo varias presentaciones de las asociaciones de usuarios para quitarlo.
“Si el IVA actual se vuelca a cada prestador, sea una cooperativa o se trate de Assa, y si a esto le sumamos algún sistema de subsidios cruzados, pueden crearse más condiciones favorables para las obras de infraestructura”.
“Sería más razonable que cada prestador y cada localidad se quede con esa inversión, sería un mecanismo mucho más directo y abreviado”, señaló.
“Todo lo que consigamos para saneamiento es poco. Si se miden los costos de las instalaciones necesarias, las medidores, las obligaciones y las imposiciones de nivel de calidad que la epidemiología lo demuestra y necesitamos mejor servicio, si pensamos en todos los usuarios potenciales, en quienes no tienen servicio veremos que son cifras de dinero muy grandes. Cuanto más directa sea esa inversión es mejor”.
Cooperativas: no eliminar el IVA por completo
“Nosotros somos muy prudentes en este tema. Somos conscientes de que hay un concepto que molesta cuando se piensa que el agua potable está gravada con el IVA, pero hasta tanto no se lo quite a este impuesto de todos los insumos necesarios para producirla, el IVA estará en los costos fijos de las cooperativas”, reflexiona Adolfo Mandolesi, presidente de Federación Nacional de Cooperativas de Aguas Potable.
La Fencap tiene una posición intermedia. Sostiene que lo más justo sería producir una baja del IVA, pero no proceder a su eliminación lisa y llana. “Si quitáramos el IVA de la facturación serían las cooperativas las que terminarían por pagar, como consumidoras, el IVA contenido en el cloro, en todos los productos necesarios para la potabilización, y cada uno de los materiales para la distribución: desde la cañería hasta el cemento de la infraestructura”, detalla.
“Es todo un tema. Y hay que tener mucho cuidado, porque los prestadores de servicios, las cooperativas también, somos como empresas: cobramos el IVA que paga el usuario y actuamos como agentes de retención; pero allí también descargamos la parte del IVA que pagan las cooperativas al comprar insumos”, menciona.
Tras destacar que el tema debería ser motivo de un análisis técnico a fondo, Mandolesi piensa que “sería algo más justo que el gravamen esté en un 10, 10,5 o un 11%, para equilibrarlo con el impuesto contenido en los insumos”.
Se estima que los costos de potabilización llevan partes más o menos iguales de inversión en insumos y trabajo. Por eso se opta por recomendar -en una eventual reforma- ir a la mitad. No eliminarlo.
Para las cooperativas es importante mostrarles a los socios que una parte del costo no corresponde al sostenimiento de la entidad -que por estatuto no tiene ganancias ni persigue fines de lucro- sino a un impuesto presente en toda la cadena de productos asociados al saneamiento.
Mandolesi cita un ejemplo indiscutible: una planta potabilizadora de ósmosis inversa para abatir el arsénico cuesta unos 700 mil pesos y de ese valor unos 140 mil corresponden al IVA. “Si las cooperativas no pueden descargarlo al usuario final, lo pagan las cooperativas”, acota.
Reforma
Mandolesi subraya que el tema es recurrente. Y que en 1999 se alcanzó un logro relevante para la supervivencia de las cooperativas: que actúen como agentes de retención de la Afip sólo respecto de lo efectivamente cobrado y no sobre lo facturado.
Cuando los servicios sanitarios tienen niveles de incumplimiento que llegan a los dos dígitos la diferencia es clave.
“La situación anterior era desesperante: se tenía que pagar por lo que no se recaudaba y allí había un perjuicio directo para la cooperativa y sus socios”. recuerda el dirigente.
Mandolesi acuerda con que una eventual baja a la mitad del IVA permitiría que con iguales facturas se creen más recursos para los prestadores. También menciona que podría existir a nivel nacional una reasignación impositiva de algún gravamen ya existente o que se reemplace el IVA de los servicios sanitarios por otro impuesto que tenga como destino la infraestructura en agua potable y cloacas.
Menciona que existe ese modelo en las tarifas de energía eléctrica y que permiten una recaudación segura.
/// análisis
Impuesto al Voluble
L.R.
El consumidor final es el único que no puede convertirse en un evasor: paga el IVA en cada compra que hace siempre. Sólo que a veces -generalmente cuando no le entregan una factura válida- al 21 % no se lo queda el Estado, sino quien no se la extendió.
El IVA existe en Argentina desde los ‘70. Y los consumidores finales -fieles pagadores- han sido sucesivamente premiados con aumentos: nació con un dígito y luego siguió trepando hasta que llegó a 18 %. En los ‘90, Carlos Menem -luego varias veces felicitado por la mayoría electoral- lo llevó al actual 21 %.
Todos los economistas y expertos en cuestiones impositivas coinciden en que el IVA puede ser muy injusto, pero tiene un mérito que condena al consumidor final: es muy eficiente.
Es el Impuesto al Voluble Argentino, que tanto cambia de gustos y opiniones, pero rara vez lo hace pensando en su propio provecho: el peso tributario nacional del IVA tiene directa relación con la inexistencia de los consumidores como actor social.
En la Argentina, los evasores son motivo de todo tipo de celebraciones: pueden ser anónimos comercios a los que se les acepta la bolsita por toda prueba de la compra (para cambiar un remera) o famosas estrellas de la cumbia o del fútbol. También grandes empresas y compañías multinacionales. De todos esos ítems, hay ejemplos vergonzosos en Santa Fe, que pese a la exposición pública de sus delitos rara vez merecen alguna reprobación social.
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