Proyecto en Diputados

Para proteger a la mujer embarazada

De la redacción de El Litoral

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La diputada justicialista Silvina Frana presentó un proyecto de ley tendiente a que el Estado proteja “a la mujer en conflicto con su embarazo desde la concepción, como así también los derechos del grupo familiar que se generan a partir del mismo. Todos los derechos humanos involucrados, previstos nacional e internacionalmente, tendrán vigencia operativa directa e inmediata, rigiendo por su contenido en su ámbito propio, todos armónicamente, no pudiéndose negar la aplicación de alguno mediante la invocación de otro”.

En el texto se aclara que se entiende por “mujer en conflicto con su embarazo” a toda aquella embarazada que por cualquier causa sufra un disturbio emocional o cualquier tipo de violencia, que pudiera poner en peligro su salud o vida, ya sea porque su embarazo no fue planificado, u originado con violencia o por violación o existan enfermedades que agraven o dificulten su tratamiento. La protección se dará con absoluta independencia de la causa que haya dado origen al conflicto.

Para activar dicho derecho, el proyecto prevé crear los llamados Centros de Asistencia Interdisciplinaria en los efectores de salud de mayor jerarquía de cada región de la provincia dependientes del Ministerio de Salud y conformados por profesionales de esa jurisdicción y del Ministerio de Desarrollo Social. El equipo técnico-profesional deberá incluir profesionales de la medicina, psicología, enfermería, trabajo social, del derecho.

La autora prevé que dichos centros tienen el deber de asistir y asesorar sobre cómo superar cualquier conflicto que el embarazo pueda generarle. Además lo extiende a las mujeres privadas de su libertad.

En otros puntos obliga a todos los servicios de salud de la provincia, tanto públicos como privados, a informar y asesorar en forma clara, efectiva, gráfica, oral y escrita conforme ley Nº 11.888, modificatorias y decreto reglamentario y el Estado debe garantizar la asistencia y asesoramiento gratuitos para realizar todos los procedimientos legalmente establecidos para la adopción de la hija o hijo a la mujer que lo solicite desde la concepción, con personal vinculado al Estado por vínculos jurídicos estables y en el ámbito de sus competencias respectivas.

Garantizar el derecho a la vida

Frana dijo que el proyecto viene a sumar una serie de herramientas integrales a favor de la vida de la mujer y del niño con el fin de evitar el aborto y sus indeseables consecuencias. “El principal derecho que se debe garantizar a todas las personas, es el derecho a la vida, y el Estado debe ser el encargado primero de avalar esto, ya sea, legislando leyes que así lo indiquen, como también, tutelando el cumplimiento de las mismas. El derecho a la vida conforma el núcleo central desde el cual se gestan y se fundamentan innumerables leyes que aseguran la protección de la vida”, explicó.

Para la autora, “garantizar el derecho a la vida es el primero y fundamental de los deberes del Estado. Los gobiernos que han adoptado la legalización del aborto, han incrementado el número de los mismos y están transformando la cultura de forma funesta, fomentando en la mujer el derecho a tener relaciones genitales con total irresponsabilidad, abortando ante un eventual embarazo no deseado, como si se tratara de cortarse el pelo. Ante ello, cabría reflexionar si actuando de esta manera -legalizando el crimen de bebés- la mujer se siente con mayor libertad, y por otra parte, en caso de arrepentimiento como sucede en la mayoría de los casos- si la reparación psicológica y emocional puede subsanar la ejecución de un hecho brutal e irreversible”.