Por sus declaraciones públicas

Denunciaron por calumnias e injurias al juez Virgilio Palud

Dos jerarquizados de la Ex Drogas Peligrosas lo responsabilizaron de haber terminado con sus carreras dentro de la fuerza. En 2006 los medios provinciales se hicieron eco de sus palabras que los señalaba como colaboradores de una banda de narcotraficantes.

Juliano Salierno

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Cuatro años después de que lo removieran de su cargo y que su nombre quedara manchado públicamente por las sospechas de haber colaborado con una banda de narcotraficantes, el comisario Rubén Martorell recurrió a los medios para dar a conocer su verdad. En sintonía con su relato la Justicia provincial y federal archivó las causas en su contra sin siquiera recibirle declaración indagatoria.

Martorell, quien era jefe del departamento de Operaciones de la Dirección de Drogas Peligrosas a fines de 2006, fue removido de su cargo al igual que el jefe de Inteligencia de Drogas, Rafael Reyna. Los dos, bajo patrocinio letrado de los abogados Eduardo Martoccia y Sergio Zárate, iniciaron acción penal por calumnias e injurias contra el juez provincial Virgilio Palud, actualmente a cargo del Juzgado de Instrucción de Vera.

El principal argumento de los ofendidos, para llevar al ex juez Federal de Reconquista a los estrados radica en la supuesta “falsa imputación de un hecho delictivo”, explicaron los abogados.

“Corruptela policial”

Dichas ofensas se remontan a noviembre de 2006, cuando “de manera difamatoria, falsa y mendaz” el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Reconquista acusó a los jefes policiales de “ser integrantes de una suerte de organización o corruptela policial, que desde el ámbito oficia brinda protección y asistencia a narcotraficantes paraguayos en el ámbito de la provincia de Santa Fe”. Esas declaraciones fueron propaladas por los medios provinciales y nacionales de mayor tirada, argumentó la parte reclamante.

En una nota en particular, Palud los acusaba de “trabar investigaciones” y de “hacer la vista gorda” ante el ingreso de los grandes dealers en territorio santafesino.

Según la crónica periodística de la fecha la dupla policial “en lugar de realizar una misión oficial a Santiago del Estero, llegó hasta Clorinda, en Formosa, frente a Asunción de Paraguay” donde “se habrían contactado con el responsable de un desarmadero y un distribuidor de drogas paraguayo”.

Las citas textuales de diferentes medios de la región fueron utilizadas por los abogados Martoccia y Zárate, para cargar contra el funcionario judicial, que sin miramientos los ofreció a la prensa para el escarnio público.

Las investigaciones

Las noticias de entonces cuentan que fue el ex juez de Instrucción Segunda, José Manuel García Porta, el que comenzó a investigar. A raíz de una comunicación telefónica en la que supuestamente se estaba negociando el traslado de 350 kilos de marihuana a la provincia

Con relación a esa causa “ninguno de nuestros representados fue indagado, imputado o procesado” y quedó archivada a mediados de 2007. En el ámbito del Juzgado Federal Nº 2 también se les formó causa por supuesta infracción de la Ley 23.737, pero ni Reyna ni Martorell fueron siquiera llamados a indagatoria.

“Ellos actuaban brindando protección. Eran una especie de escolta”, habría dicho Palud, apuntando a los jefes policiales con nombre propio. Ante semejantes declaraciones, “el buen nombre de nuestros representados fue puesto en tela de juicio y desacreditado en todos los fueros y ámbitos de la provincia”.

Como consecuencia de la exposición pública de sus defendidos, Martoccia y Zárate aseguran que ambos sufrieron “el apartamiento de sus cargos”, “pase a disponibilidad” y el “sometimiento a proceso judicial que los tenía como involucrados”.

“Pase de facturas”

Seis meses más tarde ambos fueron reincorporados a la fuerza de manera activa, uno fue enviado a Esperanza y el otro a Venado Tuerto, “con el correspondiente perjuicio profesional y moral que ello implicó para ambos”, consideró la defensa.

Por otra parte, Martoccia y Zárate aseguraron que “nuestros representados fueron víctimas de una suerte de interna de las fuerzas de seguridad”, lo que en la jerga se denomina “pase de facturas” entre las diversas esferas del poder.

Tanto fue el menoscabo a su persona que “ya no hubo reunión familiar, cumpleaños o aniversario de su grupo de pares al que fueran invitados, y les fuera retirado el saludo o el respeto de sus camaradas de armas”, argumentan en el escrito de denuncia.

El expediente judicial, actualmente en el Correccional 8º de Rosario, fue rechazado por no ser de su competencia, por jurisdicción, por el juez Correccional 4º de Santa Fe Ricardo Favaretto. La defensa se opuso a esa postura, pero la cámara ratificó lo dicho por el funcionario local. Recién ahí la denuncia se presentó en Rosario, y luego de varios intentos fallidos el ex juez Edgardo Bistoletti se declaró competente para trabajar el caso.