si se quiere restringir al glifosato

“Una noticia amarilla no alcanza”

El Coordinador Nacional de Agroquímicos y Biológicos del Senasa sostiene que se necesitan pruebas científicas. Los problemas, dice, se resuelven con información, buenas prácticas y denunciando el mal uso del producto.

Juan Manuel Fernández

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Una de las demandas de las entidades ambientalistas que critican el uso de agroquímicos en el campo se concentra en la restricción del producto más utilizado: el glifosato. Entre los reclamos, al que incluso se han sumado legisladores provinciales, se encuentra la pretensión de que se cambie la clase toxicológica de “baja toxicidad” que actualmente posee el herbicida al de “altamente peligroso”; o lo que es lo mismo: que se modifique el color del marbete de verde a rojo.

El pasado jueves 4 de noviembre activistas de la campaña “Paren de Fumigarnos”, que impulsa el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), se manifestaron frente a la Casa de Gobierno santafesina y entregaron al gobernador Hermes Binner un pedido firmado por más de 14.000 personas para extender a todas las localidades de la provincia las restricciones al glifosato que impuso un fallo judicial en San Jorge. La medida, basándose en el “Principio Precautorio”, prohibe su uso terrestre a menos de 800 metros del límite urbano y a 1.500 si es aéreo.

Ese mismo día el ingeniero agrónomo Diego José Ciancaglini, Coordinador Nacional de Agroquímicos y Biológicos del Senasa, organismo sanitario que determina la peligrosidad de los productos fitosanitarios que se usan en el país y reglamenta su uso, charló con Campolitoral sobre la problemática que plantean los grupos ambientalistas.

—¿Evalúa el Senasa cambiar la clase toxicológica del glifosato como demandan algunas asociaciones ambientalistas?

—La clasificación que se utiliza es la de la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas) que establece distintos colores de banda según la toxicología oral y dermal. Nosotros creemos muy importante la capacitación y la difusión para el buen uso de los productos, que es lo que solucionaría los problemas, antes que cambiarle algo a la etiqueta. Porque, en realidad, las clasificaciones que se utilizan de la FAO —la información básica— es la misma; lo que varía es la forma en la cual se vuelca la información en la etiqueta. Hay cuatro tipo de bandas: roja, amarilla, azul y verde, que salen de la toxicología oral y dermal. Ahora, por ahí el producto —que no es el caso del glifosato— puede ser irritante ocular y en muchos países le ponen rojo, a pesar de que por vía oral y dermal siempre va a ser verde. Creemos que la información pasa por dos cosas muy importantes: una es leer atentamente la etiqueta y saber con qué producto estás trabajando y otra es saber cómo protegés el cuerpo de los aplicadores para no hacer malos usos. Cambiar algo de la clasificación toxicológica nos parece que es algo que no cambiaría el problema del mal uso, que se soluciona capacitando a la gente. Por ejemplo en la Unión Europea las etiquetas no tienen banda; es una chorrera de información y asumen que quien compra y aplica el producto leyó toda la etiqueta y sabe lo que es.

—¿El glifosato en particular o sus formulaciones comerciales para utilizar en el campo son un riesgo para las poblaciones rurales?

—El glifosato es un producto que tiene más de 30 años en la Argentina y en el mundo y la información ha sido revalidada —quiere decir: vuelta a estudiar— por las entidades internacionales no encontrando objeciones para determinar que el producto es riesgoso o no. Ahora, por otro lado, si pulverizás arriba de una casa no es un problema del producto, estás haciendo un mal uso de una herramienta. Entonces me parece que es necesario capacitar a la gente y que cada municipio y que cada provincia establezcan los sistemas de control. Porque imaginate que no hay organismo sanitario en el mundo que pueda controlar 20 millones de hectáreas de soja. Pero, respetando lo que dice la etiqueta, lo que sí hay es una forma segura de aplicarlo; y que cada comunidad —comuna o municipio— dé cumplimiento a las leyes que corresponden. Entonces, si vos ves que un avión pasa por arriba de un pueblo hay que tomarle el LVU del ala (la patente) y con eso hacer la denuncia puntual, porque un fumigador no podría pasar por un pueblo. Y eso lo puede viabilizar un municipio porque es quien lo vio y tiene la prueba para establecer un castigo.

—A propósito de la importancia de la información, pareciera que el mayor volumen de datos sobre el tema lo hacen circular las organizaciones ambientalistas que, en su mayoría, están enfrentadas al glifosato (quizás por su relevancia dentro de un modelo de agricultura). ¿Le parece que hay buena información circulando desde esas fuentes?

—Mirá, si ellos ponen en la palestra información científica habría que sentarlos frente a los científicos del Ministerio de Salud para ver si esa información califica o no para aseverar lo que están diciendo. Pero si esa información es simplemente páginas amarillas de los diarios, me parece que es por eso que todavía no salió ninguna norma ni para cambiar la clasificación toxicológica ni para prohibir o restringir el uso. Sobre todo para el glifosato que es un producto que de años está comprobado que nunca pasó nada. El año pasado el Conicet hizo un trabajo que dice que si se usa como se debe no hay problema. Y esto se hace extensivo al resto de los agroquímicos: si usás mal algo, por ejemplo si tomás mal un remedio o te tomás 200 litros de agua, la dosis te puede matar. Si se usa respetando las condiciones no hay problema.

—¿Es correcto hablar de “agrotóxicos”?

—No, para nada. Porque un tóxico es algo que vos lo usas y te provocaría el mal. Los millones de litros de glifosato que se usan en las millones de hectáreas de soja si hicieran el mal ya no habría población, no habría insectos, no habría nada. Por eso nosotros estamos bregando por usar productos fitosanitarios según las bandas correspondientes: algunos son más tóxicos y otros menos tóxicos. Pero hablar de “agrotóxicos” me parece que es la bandera del ambientalista para decir “esto es un veneno: sacrifiquemos al que registra los venenos”; que se yo...

—¿Cómo evalúa el debate que se está dando sobre estas cuestiones?

—A mi me parece que la gente tiene la libertad de opinar y hay que darle el espacio —porque eso es muy sano— para hacerlo con el fundamento técnico; si lo tienen, esto va a avanzar y si no lo tienen no. El decreto 21 del Ministerio de Salud que originó el estudio del Conicet se creó por una intoxicación en Ituzaingó, cerca de Córdoba. Hay que seguir investigando el tema: si se produjo por agroquímicos habrá que tomar las medidas necesarias. Que yo sepa, hasta la fecha no se avanzó; no se probó. Senasa va a acompañar siempre que haya fundamentos, pero si es porque salió en un diario como noticia amarilla no.

Entendido. Diego Ciancaglini.

Foto: Federico Aguer