Crónica política

Rogelio Alaniz

Empecemos por las obviedades: en la Argentina haya muchos pobres, demasiados para un país que se jacta de su riqueza y sus niveles de crecimiento. Según las estadísticas confiables, hay cuatro millones de indigentes y el número total de pobres supera el veinte por ciento de la población. La cifra se contradice con las que brinda el oficialismo, pero convengamos que el gobierno en estos temas ha perdido credibilidad.

De todos modos, no hace falta internarse en los fatigados laberintos de las estadísticas para convenir que la pobreza en la Argentina no sólo que existe sino que es superior a la que la propaganda oficial pretende hacernos creer. Basta con prestar atención a lo que ocurre en las calles para convenir que el problema está y, además, no lo han resuelto, en todo caso lo han contenido, una decisión que según se mire puede ser meritoria, pero que se parece más a una solución conservadora del drama social que a una salida progresista, nacional y popular, como pretenden presentarla los epígonos del kirchnerismo.

Que la pobreza exista no quiere decir que los pobres están autorizados a hacer lo que se les dé la gana. Comparto el criterio de no criminalizar la pobreza, pero también adhiero a la posición de quienes sostienen que ser pobre no autoriza a delinquir. Ocupar un espacio público por la fuerza es un delito y cuando los que hacen esta tarea son muchos estamos ante una asociación ilícita. Planteado así el conflicto queda claro que no hay respuesta válida que no incluya la intervención del Estado como garante del orden, otra obviedad que todos están dispuestos a reconocer, pero muy pocos a hacerse cargo de ella .

Ahora bien, la intervención del Estado no incluye necesariamente los garrotes, aunque, conviene insistir en que siempre es bueno saber que los garrotes están disponibles, una verdad que la firmaría sin vacilar un gobernante de derecha y un gobernante de izquierda. Hecha esta aclaración, corresponde saber que previo al recurso de los palos existen en las sociedades civilizadas otros caminos para asegurar el orden, caminos que incluyen formas de violencia matizadas por la negociación y el acuerdo.

Ocupar el espacio público es un delito, pero hay que admitir que ese delito está teñido de otras variables que un político, un funcionario o un legislador no pueden desconocer. Intentaré explicarme. La pobreza no autoriza a delinquir, pero la extrema necesidad justifica determinados actos. Así como el derecho a la propiedad está limitado por la responsabilidad social, la pobreza extrema habilita algunas intervenciones a su favor.

A fines del siglo XIX las relaciones sociales eran interpretadas desde el punto de vista del clásico contractualismo liberal. Se suponía que los hombres habían accedido a vivir de determinada manera y quien rompía ese contrato era un delincuente. Esta concepción explica por qué para los conservadores la huelga debía ser atendida por el comisario o el coronel; también explica por qué rechazaron la creación de un Ministerio de Trabajo, iniciativa paradójicamente promovida por uno de los conservadores más lúcidos de su tiempo.

Digamos que desde los orígenes del Estado nacional ha transcurrido más de un siglo y las relaciones sociales no pueden ser entendidas como si nada hubiera ocurrido. La irrupción de las masas en el espacio público y la creación de un conjunto de instituciones sociales y estatales que defienden o representan los intereses de la sociedad, han colocado al conflicto social en un nivel que exige miradas mucho más flexibles y creativas para resolverlo.

Manuel Carlés, político reaccionario por excelencia, fundador en 1920 de la Liga Patriótica, decía que él estaba de acuerdo con las libertades y derechos que reconocía la Constitución Nacional de 1853, pero para una sociedad que fuera parecida a la que existía entonces. El problema del orden se complica, por lo tanto, cuando las masas irrumpen en el escenario público y los problemas sociales no se pueden resolver con los instrumentos del pasado.

En la Argentina los reclamos han crecido, los piqueteros han ganado la calle y, más que ganar la calle, han ganado legitimidad, lo cual ha dado lugar a que oportunistas de la más diversa ralea se aprovechen de esa situación para conquistar espacios de poder. Todo esto podrá ser criticable, pero es al mismo tiempo inevitable. En definitiva, el desafío del político es dar una respuesta válida al problema social, sabiendo de antemano que no podrá hacerlo como en los tiempos de Manuel Carlés.

Ni en los partidos tradicionales ni en las dependencias del Estado faltan personas decididas a ordenar la represión. ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden. Porque los costos sociales serían mucho más altos que los que se pretenden corregir. Cualquier duda hablen con Duhalde o con Sobisch. Si la represión esta prohibida, ¿entramos al reino de Jauja? Creo que la alternativa no es represión o tolerancia absoluta. Y no lo es porque cuando el Estado no interviene la violencia social la ejercen las masas en la despojada e impiadosa tierra de nadie. La solución, entonces, no pasa por mandar a la Policía Federal para que se ensañen con un villero moliéndolo a patadas como tuvimos la oportunidad de apreciar los otros días, pero tampoco mirando para otro lado, porque cuando esto ocurre gana el más fuerte, el que desenfunda más rápido o el que está decidido a matar. En el Parque Indoamericano se probaron las dos soluciones: la represión brutal y la prescindencia criminal.

Si todos los conflictos se resolvieran en términos institucionales, la política no sería necesaria porque todo se arreglaría con un administrador eficiente. Pues bien, ocurre que el mundo no es así. La gente no es tan buena como dice y los reclamos se multiplican porque los intereses son diversos y contradictorios. Porque esto es así es que existe el Estado y la ley, pero el Estado y la ley son creaciones sociales que deben ser materializadas. Transformar un deseo, una expectativa o un derecho en realidad es la tarea de los políticos.

El primer requisito cuando se trata de resolver el tema de la pobreza es conocer el complejo, desgarrante e injusto mundo de la pobreza. En ese universo hay dolor, postergaciones y canalladas. La pobreza es una maldición para los pobres, pero es una bendición para quienes hacen negocios con ella. Se sabe que los pobres están despojados de derechos y en más de un caso de su humanidad. En esta vida todos somos manipulables, pero ellos son más manipulables que nadie. Punteros, delincuentes, políticos venales, activistas de izquierda, se agitan en estos submundos vendiendo ilusiones y esperanzas.

En el tema que nos ocupa el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cometió todos los errores posibles que puede cometer alguien que se comporta de acuerdo con los prejuicios que sus adversarios tienen de él. Macri hizo exactamente lo que el kirchnerismo pretendía que hiciera, lo cual de alguna manera era previsible, pero por sobre todas las cosas resultó lamentable para Macri y también para una sociedad que espera de un dirigente conservador comportamientos más lúcidos, más actualizados y, sobre todo, mejores reflejos para no acostarse en la cama tendida por su adversario.

El gobierno nacional tampoco estuvo brillante, porque no se puede calificar de brillante un comportamiento que arroja el saldo de tres muertos en ese escenario de miseria y pobreza sobre el cual alguna responsabilidad tiene. A diferencia de Macri y de la derecha más cerril, el gobierno nacional es conciente de que los conflictos sociales se arreglan negociando y no reprimiendo.

No se trata de ser permisivo, se trata de aceptar los rigores de la realidad. En 1968 -por ejemplo- los obreros y los estudiantes franceses estuvieron a punto de derrocar a De Gaulle. Sin embargo, mientras en las calles de París ardían las barricadas, el ministro Pompidou les dijo lo siguiente a quienes le exigían que sacara los tanques a la calle: “Mientras las multitudes sean apoyadas por la opinión pública nosotros no vamos a reprimir”. Algo parecido aconsejó Raymond Aron. Se trataba de dirigentes conservadores enérgicos y concientes de sus responsabilidades.

No reprimir -insisto- no quiere decir no hacer nada. Por el contrario, exige diferente tipos de intervenciones. El emprendimiento es más difícil pero sus soluciones son más consistentes. Precisamente, el talento político reside en esa sabia y oportuna combinación de flexibilidad e intransigencia. Disponer de las herramientas del Estado es de por sí un acto de poder que incluye diversos grados de violencia. El Estado negocia e impone la ley, una operación que se ejerce usando diferentes guantes: el de seda, el de terciopelo, el de cuero y el de hierro. Político es el que sabe como combinar los guantes; los demás son improvisadores o diletantes.