“Imposible de cumplir”
Reclamo de contadores por medidas contra el lavado de dinero
La presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, Dora Barbarita Benito, consideró “excesiva” una reciente medida de la Unidad de Información Financiera, que obliga a los contadores a “prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones” que pudieran implicar lavado de activos y financiación del terrorismo.
“Importa una cantidad de obligaciones y de revisiones que en muchísimos casos son imposibles de ejecutar”, dijo la titular de la Cámara I del CPCE, con sede en esta capital. La entidad elevó la preocupación a la federación profesional y puso en marcha una consulta a sus asesores legales.
“Nos preocupa que la Resolución 25/11 de la UIF no solamente está hablando de actos y operaciones, sino que agrega las omisiones, con todo lo que esto significa. La información que omite darnos un cliente no siempre tiene una fuente donde recurrir, como los registros de propiedad automotor o inmueble.
“Otra cuestión a considerar es que, si bien la Ley Nº 25.246, que fue sancionada en 2000, ya nos atribuía determinadas obligaciones, la Resolución 25/11 avanza involucrando no sólo a los síndicos societarios y auditores, sino también a profesionales independientes que presten servicios de liquidación de impuestos a personas físicas” con activos superiores a 3 millones de pesos.
La directiva explicó que ese piso es “lo suficientemente bajo” como para comprender a “un gran número de nuestros clientes”. Dijo que las obligaciones impuestas “exceden largamente nuestras competencias” y generan costos administrativos que el profesional no podrá descargar en sus clientes o en el Estado.
“Obviamente no nos negamos a informar”, aclaró Benito, pero advirtió también que la función de control debe ser ejercida por el gobierno nacional y que -por su complejidad- exige un trabajo interdisciplinario (contadores, abogados, ingenieros en sistemas) con incumbencias para la tarea de investigación. “Uno puede tener indicios y la obligación de informar; pero, de ahí a la responsabilidad absoluta de detectar, prevenir e informar estos hechos, hay un largo camino”, concluyó.
Cabe recordar que la UIF, a cargo de José Sbattella, dispuso la medida -entre otras- tras los cuestionamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) a la Argentina por incumplimiento de normas internacionales para combatir el lavado de dinero.
