En el centro de la escena,

Cristina retoma la iniciativa

Hugo E. Grimaldi

(DyN)

Tuvieron que pasar 100 días desde la muerte de Néstor Kirchner para que Cristina Fernández volviera a mostrar que aún conserva la uña de guitarrera que ha cultivado, tras tantos años de hacer política. En dos o tres discursos de los últimos días, la presidenta salió a marcarle algunos límites nuevos a la cancha, dio la sensación de un cambio y se puso al hombro la presunta anarquía y el caos interno que se olían en su gobierno, desgastado primero por la puja entre fracciones que tironean de sus polleras y por las decisiones o declaraciones de funcionarios que la dejan mal parada porque parece que están mirando su propio ombligo, y hasta por los rumores de su propia falta de apego a la gestión.

El pequeño soplo de aire fresco llegó en una semana otra vez pródiga en temas muy duros y entrecruzados que abarcaron a la política, la economía y los hechos policiales (aprietes a empresas, inflación, paritarias, ajuste a jubilados, inseguridad, narcotráfico, asalto a un tren, reelección, condicionamientos a Daniel Scioli, etcétera), mezclados con la acción simultánea de empresas, siglas y personajes (Shell, Techint, el G-6, la CGT de Hugo Moyano, Guillermo Moreno y las medidoras de precios, Héctor Timerman y el PRO), que volvieron a generar un bombardeo de situaciones que los ciudadanos de a pie parecen mirar de lejos. Suele decirse que a Cristina no le gusta el día a día, que se preocupa por banalidades, feminismos o figuración internacional y que abomina de todo el entramado que antes ejecutaba su esposo. Hasta se llegó a hablar de depresión.

Sin embargo, durante esta última semana, cuando la sensación era de desborde, ella apareció con toda decisión y metió sus botas en el barro para intentar ponerle algo de orden y de racionalidad a la historia. ¿Señales de reelección u orgullo de no cerrar su presidencia mostrando que está abatida? ¿Cambio de actitud, cambio de discurso o nuevas directivas? Todo indica que hubo un viraje para mostrarse activa, pero sumándole ahora un relato más abierto y contemporizador, aunque con el fondo de la cuestión sumido aún en una matriz mucho más conservadora, como ir por la profundización de un modelo que tiene muchísimas grietas, sobre todo la inflacionaria y la de la distribución del ingreso. Tampoco se sabe a ciencia cierta, ya que el gobierno nunca se dedicó a proyectar demasiado, si alguien la puso al tanto a la presidenta sobre las noticias que trae el mundo, que podrían complicarle el fin de su mandato, pero sobre todo 2012 a quien la suceda, más allá de la situación interna y explosiva de la inflación o de los subsidios que alguien deberá desarmar.

El caso de los países del sur del Mediterráneo, hoy con Egipto como epicentro, tiene que ver notoriamente con la falta de alimentos y con la imposibilidad de estos países de comprarlos, por lo que el mundo hará todo lo necesario para que esos precios no se desborden más. Si a ese dato se le agrega la lenta salida de la crisis estadounidense (el desempleo mejora y cayó otra vez a un dígito), la decisión europea por bajar los déficits, en lo que han coincidido Angela Merkel y el Banco de España, todo indica que con el tiempo volverá el statu quo, el dólar volverá a apreciarse, que retornarán los capitales de los emergentes a los Estados Unidos y que bajarán los precios de las materias primas. Malas noticias a varias puntas para la Argentina.

HACERSE CARGO DE LOS PROBLEMAS

Si se cree en la sinceridad de Cristina o si tendrá éxito con esta estrategia de poner la pelota contra el piso o aun si será duradera, eso será motivo de alguna evaluación posterior, pero lo cierto es que, cuando hubo desconcierto, la presidenta tomó algunos riesgos, sobre todo el de expresar directivas públicas con la posibilidad latente de que luego no sean atendidas. Igualmente, puso la cara. No obstante, siempre es mejor gobernar con ese tipo de exposición, que dejar que flote en el aire la sensación de que no hay gobierno.

El martes, justamente en la provincia de Santa Fe, Cristina dio el presente para decir públicamente “nos hacemos cargo de todos los problemas” y, aunque no sea estrictamente la verdad, la frase sonó muy bien viniendo de un gobierno que acostumbra siempre a patearlos para adelante o a endosárselos a terceros. En esta oportunidad, la presidenta se refería a que el Ministerio de Trabajo de la Nación había tomado intervención (después de una semana en que el gobierno nacional miró desde afuera la situación) en el serio conflicto alrededor de las plantas sojeras de San Lorenzo. Allí, la CGT de esa localidad, con el aval nunca desmentido de la nacional, impedía el traslado de la mercadería a los puertos y generaba pérdidas millonarias a las empresas, pero también restaba divisas a las cuentas nacionales y sobre todo (retenciones) recaudación al Fisco.

Quizás porque alguien le advirtió a la jefa del Estado cómo se potenciaba la situación y cómo podían llegar a sufrir las cuentas públicas, también en ese discurso llovieron palos para el sindicalismo oficial, que se supone acompaña al gobierno, al que le dijo sin pelos en la lengua que sentía que “algunos sectores, que fueron muy complacientes durante los años ‘90, se han vuelto, de repente, sumamente combativos”. Para que no quedaran dudas de a quiénes se refería, al día siguiente tuvo que pagar el primer precio. Un incondicional de Moyano, el dirigente de los taxistas, Omar Viviani, dijo que “los números del Indec no nos cierran, ya que hay productos de la canasta básica que suben en forma desmesurada” y así justificó el pedido de aumento de 30 %. Un día después, el diputado del FPV, Héctor Recalde, mano derecha de Moyano en cuestiones legales, le agregó leña al fuego a la desautorización: “En las paritarias nunca hubo ni piso ni techos”, disparó por una radio. En el mismo momento en que la CGT eligió dejar tecleando a la presidenta, antes que bajar sus banderas públicas de recomposición salarial, los popes empresariales que se nuclean alrededor del llamado Grupo de los Seis (industria, comercio, construcción, bancos privados nacionales, la Bolsa y parte del agro) salieron con los tapones de punta a pedir responsabilidad gremial en las negociaciones paritarias y a cuestionar el nombramiento de jueces en el Fuero Laboral, ya que consideran que todos ellos están cerca del poder gremial, incluida la esposa del propio Recalde.

Pese a que ya se conocían las órdenes imperativas de Moreno para que Shell, Techint y Cablevisión no aumentasen sus precios, propias de un estatismo ultramontano, los empresarios parecieron retroceder en el tiempo y volver al “Sí, Néstor” que caracterizó su relación con el gobierno hasta la crisis con el campo. El comunicado del G-6 fue tan lavado, sobre todo porque no dijo ni una palabra de los casos de esas importantes empresas que ahora irán a pelearla en la Justicia, pero, en particular, de los problemas que acarrea la inflación (ni se mencionó la palabra), que dejó la sensación de que, al menos por conveniencia, los empresarios se habían sumado a la hipocresía gubernamental de negar la realidad, falsificaciones del Indec mediante. En cuanto al Instituto que mide los precios, Moreno avanzó con un cuestionario casi policial que dirigió a los estudios de medición privados (encuestadoras o consultores económicos) que hacen con algo más de rigurosidad el trabajo que el Indec ha abandonado. Quizás su idea es prohibir esas mediciones y, seguramente, buscar demostrar que son inconsistentes, ya que por una cuestión de presupuesto no abarcan todos los distritos que deberían.

Es todo muy curioso, porque esas consultoras habían encontrado un nicho de negocios sin quererlo, gracias a la deserción oficial y en todos los casos ellas le advierten a sus clientes que nunca podrían hacer el mismo trabajo de campo que hace el Indec. Sin embargo, la confianza que le merecen a quienes necesitan esas estadísticas los impulsa a contratarlos. Pero, como esa confianza también se traslada a los medios, y ya se sabe que quien habla de inflación es catalogado como opositor, Moreno resolvió una vez más acallar al mensajero. La diferente actitud de las gremiales de trabajadores y empresarios que están velando las armas de las paritarias y aun la tarea de esas medidoras privadas llevan a poner sobre la mesa lo que es el discurso del gobierno. En general, el diseño de la pauta comunicacional que siguen todos, desde la presidenta hasta los funcionarios con mayor o menor fortuna, como también los medios que integran la cadena de difusión gubernamental, es que se trata de instalar como verdades cuestiones que, aunque no sean ciertas, tengan cierta lógica. En el fondo, la estrategia descansa en que, en general, la gente no repara en la letra chica y que se guía por los titulares.

FUNCIONARIOS QUE NO AYUDAN

Pero, más allá de la subestimación a la ciudadanía, el verdadero éxito de la operación está en lograr que nadie los refute. Cuando el gobierno recibe una respuesta contundente que lo descoloca, inmediatamente se apichona. Ahora, cuando los interlocutores se callan, ahí nomás se agrandan y van por más. El caso Timerman, sucedido en la semana, es un ejemplo elocuente de cómo a veces se tiran a rodar temas y cómo el tiro sale por la culata cuando alguien se anima a responder. El canciller se hizo eco de una información periodística no demasiado rigurosa y eligió golpear a dos puntas, a la administración de Barack Obama y a Mauricio Macri. Con mucha saña dijo lo más campante que la Casa Blanca apoya con financiamiento el entrenamiento en “cursos de tortura y técnicas golpistas” en “la sucesora de la Escuela de las Américas” a policías de la Metropolitana. En otras circunstancias, la información habría quedado en la memoria colectiva como un caso evidente de aprestos para la violación a los derechos humanos del principal enemigo político del gobierno para las elecciones de octubre, al que se sumaba un acto de venganza hacia el presidente de los EE.UU. por no venir a la Argentina.

Sin embargo, el gobierno porteño no sólo salió a refutar a Timerman, quien arrastró a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a la crítica, sino que le pidió la renuncia porque la Policía Federal, la Prefectura y la bonaerense también mandaron efectivos a hacer los mismos cursos. Si lo de Timerman ha sido grave, porque involucra su investidura, que significa involucrar al país en una denuncia concreta con la primera potencia del mundo, lo de Garré fue aún más lamentable, ya que ni siquiera se tomó el trabajo de mirar sus propios archivos. A ambos los dejó aun más mal parados el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, quien confirmó los dichos del PRO capitalino, de cara hacia la interna que lleva adelante su jefe, Daniel Scioli, a quien los sectores más ideologizados del gobierno quieren ponerlo a competir, con la resistencia de los intendentes, con el ex jefe comunal de Morón, Martín Sabatella. Tamaño blooper del tándem Timerman-Garré hizo que la presidenta se tuviera que mostrar públicamente, en su nuevo tono comprensivo y político, hasta atenta con Macri, ya que, mientras su canciller atacaba, ella tuvo que solicitarle públicamente “articular” entre las jurisdicciones, al tiempo que hizo un pedido para que las protestas en la calle (cortes, bloqueos) no les compliquen más la vida a los demás.

Más allá de que la reconvención llegó ocho años tarde, la actitud de Cristina fue también más que valorable, aunque, apenas un día después, un gremio aeronáutico cortó la autopista a Ezeiza y la entrada del Aeroparque y nadie movió un dedo para que se cumpliera el deseo presidencial.

El soplo de aire fresco llegó en una semana otra vez pródiga en temas muy duros que abarcaron a la política, la economía y los hechos policiales.

En general, el diseño de la pauta comunicacional que sigue el gobierno es el de instalar como verdades cuestiones que, aunque no sean ciertas, tengan cierta lógica.