Autoridades españolas

En noviembre avisaron sobre

las actividades de los Juliá

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Un avión similar fue utilizado por los hermanos Juliá para transportar la droga a España. Foto: Archivo El Litoral

Hicieron tres vuelos que para las fuerzas de seguridad de España resultaron sospechosos. Desde la Coalición Cívica denunciaron redes de complicidad entre el narcotráfico y el poder.

 

De la redacción de El Litoral

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DyN / Télam

El gobierno español advirtió a las autoridades argentinas en noviembre del año pasado sobre las actividades de Gustavo Juliá en España, pero las autoridades de nuestro país no les prestaron atención o no investigaron como correspondía.

De acuerdo con lo que informa el diario La Nación, la advertencia se fundó en los tres vuelos previos que hicieron los Juliá con cargamentos chicos de cocaína (menores a 100 kilos de esta sustancia) para “probar la ruta” antes de hacer el traslado “grande” de 944 kilos, el primer día de este año, que terminó con los dos hermanos y Matías Miret presos en Barcelona.

Según el matutino porteño, “no hay constancia alguna de que el avión fuera revisado por funcionarios de la Aduana. El empleado de la empresa de aviación que el 1º de enero asistió al Challenger 604 de la firma Medical Jet presentó los formularios y una declaración general para despachar la nave. Este empleado es un ex agente de la desaparecida Policía Aeronáutica, una fuerza de seguridad que dependía de la Fuerza Aérea y que fue desmantelada en 2005, a raíz del escándalo de las valijas enviadas con 60 kilogramos de cocaína a España. En esos documentos hay tres sellos, uno de la Aduana, otro de la Dirección de Migraciones y otro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No figura la firma de ningún funcionario. Tampoco existen constancias de que alguien lo hubiera revisado”.

Por su lado, el diario Clarín informó que la droga habría sido cargada en partes y durante varios días, para llamar lo menos posible la atención. Esto se desprende de las declaraciones realizadas ante la Justicia hasta ahora, donde nadie vio nada ni nada les llamó la atención.

Prevención

Por su lado, la diputada por la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, denunció hoy que “no hubo una estrategia de prevención” para anticipar el envío de un cargamento de cocaína a España y advirtió sobre la existencia de “redes de complicidad en el poder”. Bullrich recordó que durante 2010 su espacio político presentó “en un informe que la ruta de la droga era ésta que sucedió, de Argentina a África y, de allí, la entrada a Europa”, como ocurrió con el caso que involucra a los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá por el transporte de más de 900 kilos de droga.

Para la diputada, “todo pasó por acá y, sin embargo, no tuvimos la información para evitar que el avión saliera” y evaluó que esto “genera una situación de desconfianza sobre lo que podría haber pasado si la droga se perseguía acá”.

En ese contexto, señaló que allí “se muestran las redes de complicidad que pueden existir y las relaciones de poder”, y dijo que los estupefacientes fueron cargados en “una base de la Fuerza Aérea Argentina” en el municipio bonaerense de Morón.

Bullrich fue consultada por radio América sobre los obstáculos que impone la Justicia española para brindar datos a la investigación en la Argentina para avanzar en el caso y lo vinculó con que la información “se usa políticamente”.

La legisladora sostuvo que “tiene que haber un cambio de quienes reciben la información, cuidarla y no darla” y justificó la actitud de España porque “hoy circulan los datos y por eso las bandas se protegen.

“Con un acuerdo de confidencialidad de los jueces argentinos, se debería tener la información”, propuso la legisladora, que insistió en que “necesitamos una investigación a fondo en nuestro país”, finalizó Bullrich.


Jefes

En Tribunales no descartan citar a declarar como testigo al jefe de la fuerza, el brigadier general Normando Constantino, y al director general de Inteligencia, brigadier Rodolfo Centurión, a fin de determinar si existió un informe interno que alertaba sobre “movimientos extraños” dentro de la Base Aérea de Morón. De acuerdo con las declaraciones prestadas hasta ahora, el control sobre el avión era responsabilidad de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), dependiente del Ministerio de Planificación.

Mañana declaran suboficiales

Diez suboficiales de la Fuerza Aérea y seis particulares declararán mañana ante la Justicia en calidad de testigos en el caso del avión de los Juliá.

Los testigos deberán declarar en los tribunales de Retiro ante el juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo, quien, el último viernes, prorrogó el secreto del sumario, por diez días hábiles, hasta el próximo viernes 18 de febrero inclusive.

Según se informó, los seis particulares son miembros de la escuela de aviación de Morón, ubicada en la Base Militar de esa ciudad del oeste del Conurbano desde donde partió la aeronave con el cargamento descubierto en Barcelona.

La primera tanda de testigos, integrada por siete oficiales de la Fuerza Aérea, terminó de prestar declaración el 31 de enero pasado, cuando coincidieron en destacar que no supieron nada del denominado “narcoavión”.

El juez Caputo prevé tomar declaración a unos 200 empleados de la base aérea donde estuvo estacionado el avión Challenger 604 entre el 5 de noviembre y el 30 de diciembre pasado.