Sus allegados depositaron la fianza de $ 500.000
Venegas recuperó la libertad
“La vida de un afiliado vale más de dos millones de pesos”, le respondió el dirigente al juez cuando lo interrogó la utilización de los fondos de APE con los que había comprado ambulancias. Foto: DyN
El juez Norberto Oyarbide lo excarceló luego de interrogarlo siete horas. Ante el magistrado rechazó los cargos que le imputan.
De la redacción de El Litoral
DyN/EFE
Anoche, alrededor de las 23, Gerónimo “Momo” Venegas, líder del gremio de los peones rurales, recuperó la libertad bajo fianza, después de que declaró durante siete horas ante el juez federal Norberto Oyarbide para sostener su inocencia y rechazar los cargos por los que el magistrado lo había detenido sólo un día antes, en la causa de la “mafia de los medicamentos”.
Los allegados a Venegas depositaron en efectivo el medio millón de pesos que se exigió como caución real para excarcelarlo, tal como lo había recomendado horas antes el fiscal de la causa, Luis Comparatore, al pronunciarse por primera vez en este expediente por la liberación de uno de los imputados. Mientras se conocía la noticia de la liberación del titular de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), más de un centenar de afiliados y activistas de su gremio celebraba la noticia a las puertas de los tribunales del barrio porteño de Retiro con petardos y cánticos, como lo habían hecho durante toda la jornada, desde que se anunció el adelantamiento de la indagatoria prevista inicialmente para mañana sábado.
Es que en un día que comenzó con cortes de calles, rutas y piquetes pidiendo la liberación de Venegas y transcurrió luego con apoyos de todo el arco gremial -desde las dos CGT hasta la CTA- y con declaraciones de políticos opositores que hablaban del sindicalista (uno de los pilares del “duhaldismo”) como un preso político, Oyarbide adelantó la indagatoria en medio del estricto secreto de sumario. Así, Venegas y sus abogados supieron cuáles eran los delitos que se le achacaban: ser miembro de una asociación ilícita que lideraron el jefe del gremio bancario, Juan Zanola, y el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo; defraudación al Estado en unos dos millones de pesos recibidos de la Administración de Programas Especiales (APE) y envenenamiento de sustancias de uso público (por denuncia de dos afiliados de la obra social de los rurales por medicamentos que habrían recibido vencidos).
Negó acusaciones
Los abogados defensores Miguel Plo y Adriano Castelo informaron que su cliente negó todas las acusaciones “sin necesidad de realizar descargos políticos”.
Puntualmente, Venegas explicó que la obra social que lidera (Osprera) “no entregaba medicamentos sino que los tercerizaba” y que “nunca compró medicamentos a los laboratorios” investigados en la megacausa.
También aclaró que él solo firma “algunos expedientes y no todos” que se iniciaban para formalizar el pedido de cobro de subsidios para los reintegros de pacientes graves que financia la APE. Y subrayó que incluso “no todos los expedientes fueron pagados, por lo tanto el fraude no se habría concretado”.
Uno de los puntos más fuertes de su defensa tuvo que ver con la imputación de la compra de vehículos por dos millones de pesos con fondos APE destinados a programas de prevención de salud. Venegas aseguró que no fueron vehículos comunes sino que se trató de unas 20 ambulancias que eran “hospitales móviles” por las características propias que tienen los afiliados de la obra social, muchos de ellos personas que no pueden movilizarse hasta un centro sanitario.
“Además, la vida de un afiliado vale más de dos millones de pesos”, le dijo Venegas a los investigadores judiciales.
La decisión de excarcelar a Venegas tuvo un punto clave: el dictamen del fiscal Comparatore, que se pronunció a favor del pedido de la defensa y recomendó liberarlo por entender que la situación de Venegas era diferente a la de otros involucrados en la pesquisa y que no iba a entorpecer la pesquisa ni fugarse.
Venegas salió esposado anoche de los tribunales federales de Retiro, para recuperar efectivamente la libertad desde la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, en el barrio de Villa Lugano, hasta donde también lo siguieron militantes y dirigentes gremiales y políticos.
