Periodismo social

La asignación universal, nueva

oportunidad para las provincias

Por Fabián Repetto *

La Asignación Universal por Hijo (AUH) puesta en marcha mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner marcó un hito fundamental en la historia reciente de la protección social argentina. Implicó una decisión clave para la política social de este gobierno nacional y para las provincias y municipios que componen el complejo país federal.

Actualmente, cuando se aceleran los tiempos electorales, vale preguntarse qué desafíos tiene por delante esta medida -por ejemplo, para evitar que la inflación deteriore el poder de compra del beneficio-. Pero, también es fundamental interrogar sobre los retos que tendrán que afrontar los gobiernos subnacionales y locales en un contexto en el que el Estado nacional asumió la responsabilidad de avanzar hacia la universalización de un ingreso mínimo en cada hogar, habiendo reconocido los problemas estructurales que tiene el mercado laboral.

Esta política pública llevó al Estado nacional a declarar incompatible un conjunto de intervenciones en todas las provincias, como las becas escolares, y fomentó una mayor utilización de una oferta ya existente, como el Plan Nacer en salud. Más allá de estas decisiones específicas, el vínculo de la AUH con otras políticas sociales que están bajo responsabilidad provincial, en especial la educativa y sanitaria, conlleva la necesidad de delinear entre la Nación y las provincias y escuchando la voz de los municipios- un pacto federal de protección social que no limite su alcance al bienvenido derecho a un ingreso mínimo, sino que dé cuenta de que el bienestar no podrá limitarse al ingreso. Esto implicaría avanzar hacia algún tipo de Consejo Federal que supere las discusiones sectoriales actuales y coordine esfuerzos, saberes y recursos.

¿Están preparadas las provincias argentinas para revisar profundamente y con un horizonte de largo plazo sus propias políticas sociales que, por definición en un país federal, suponen articulaciones de diverso tipo y alcance con las acciones decididas y financiadas por el nivel nacional? En caso de contar con recursos fiscales y humanos, aspectos críticos en cualquier reforma sustantiva de la gestión pública, ¿existe voluntad política en las provincias para aprovechar acciones incluyentes como la AUH o la mayor cobertura de jubilaciones y pensiones, para avanzar hacia sistemas de política social adecuados a las realidades locales, que combinen estas medidas con una mayor calidad educativa y sanitaria, una activa política laboral, una mejor política de seguridad alimentaria, entre otros ejemplos?

Los dirigentes provinciales tienen, y todo proceso electoral abre aún más esa oportunidad, la posibilidad de mejorar -con el apoyo de la Nación- la vida a sus habitantes y votantes. Pero será responsabilidad del Estado nacional, además, velar por que la protección social no derive en ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, según el esfuerzo o la capacidad de cada provincia. Si así fuera, sería posible concebir un país con mayor igualdad social y territorial.

*Director del Programa de Protección Social de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).