Españoles en retiro
La justicia argentina le permite a Repsol continuar la venta de YPF
Sebastián Eskenazi, vicepresidente de YPF y socio “argentino” con el 15 % de la petrolera, con opción a quedarse con 10 % más. Repsol quieren bajar su participación a no más del 60 % de la empresa. Foto: Archivo El Litoral
Debe preservar el 10 % de las acciones, que reclaman como propias ex empleados de lo que fuera la petrolera estatal. Pero el resto del capital puede pasar a nuevos dueños.
De la redacción de El Litoral
EFE
La Justicia argentina autorizó a Repsol a disponer libremente de los títulos de YPF, tras revocar otra medida judicial que prohibía la venta de las acciones. Ahora los españoles se disponen a dar un nuevo paso en la venta de la petrolera argentina, para lo cual ya retiró su cotización de la Bolsa de Nueva York.
Repsol YPF informó en un comunicado que el juez federal en lo Contencioso Administrativo de Buenos Aires Esteban Carlos Furnari, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la empresa al autorizar la “libre disponibilidad de las acciones de la compañía para su venta, cesión o transferencia”.
Furnari aclaró en su resolución que Repsol YPF debe conservar directa o indirectamente la titularidad del 10 por ciento de sus acciones en YPF, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo por un reclamo de ex trabajadores de la petrolera que demandan ser reconocidos como accionistas.
En simultáneo, el juez Mario Oscar Favero, de la ciudad cordobesa de Bell Ville, suspendió una medida cautelar adoptada el pasado 9 de febrero por el magistrado Oscar Armando Valentinuzzi, de la misma ciudad, quien había ordenado a Repsol suspender la venta de acciones de YPF.
Valentinuzzi había hecho lugar a un pedido en ese sentido formulado por un integrante de la Federación de Ex Trabajadores de YPF, que reúne a unos 25.000 antiguos empleados de la compañía que reclaman ser reconocidos como accionistas en lo que fuera el Programa de Propiedad participada.
El reclamo
El pasado 25 de noviembre Repsol había registrado ante la SEC una solicitud para vender hasta un 15 por ciento de su participación mayoritaria en YPF. Un mes después la federación presentó una denuncia contra Repsol e YPF ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, siglas en inglés) por presunto fraude y por supuestamente ocultar a sus accionistas e inversores el reclamo de los ex empleados.
La federación dijo que los reclamos económicos de sus miembros, con demandas en diferentes juzgados, ascienden a 3.000 millones de dólares. Según alegan los demandantes, en 1990 se estableció que un 10 por ciento de las acciones de YPF quedara en manos de los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP), por lo que los empleados pasaron a ser titulares de 35.300.000 acciones de clase C de la compañía.
Pero en 1997, de acuerdo a los querellantes, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta las acciones clase C sin la autorización de los trabajadores, decisión que quedó plasmada en un decreto del entonces presidente Carlos Menem y que en 2001 fue declarado inconstitucional e invalidado por la Corte Suprema.
Menem lo hizo
El fallo de la Corte Suprema reconoció en 1991 que fue inconstitucional el decreto por el que Carlos Menem vendió el 10 % de YPF que pertenecía a los ex empleados, que pasó a manos de Repsol. Pero para los españoles, la petrolera no tiene ninguna responsabilidad en relación con el reclamo, que debe ser planteado al Estado nacional y no a la empresa.
En octubre de 2002 el Estado argentino promulgó una ley para indemnizar a 32.000 ex trabajadores de YPF con bonos por un total de 100 millones de dólares, muy por debajo del monto reclamado por los demandantes.
Los demandantes también cuestionan que en 2008 Repsol haya vendido una participación del 14,9 por ciento en YPF al grupo argentino Petersen (familia Eskenazi) sin consulta ni visto bueno de ex trabajadores, que se consideran legítimos accionistas de la petrolera. La Justicia aún debe resolver esta cuestión de fondo.
/// EL DATO
Techint
El secretario de Comercio derogó la resolución por la que ordenaba a Techint dar marcha atrás con aumentos del 3 al 4 %, que había aplicado Ternium sobre sus chapas de acero, insumo fundamental de la industria metalúrgica. Moreno argumentó entonces que necesitaba dar “estabilidad” al mercado; ahora dice que “no se encuentran configuradas las condiciones de mercado vigentes a la fecha del dictado de la Resolución S.C.I. N 14/2011”, por lo que deshace su propia determinación.
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