Tribunales
Procesado por el crimen de un obrero de la construcción
“Aguante Araya”. Ese fue el eslogan de solidaridad que el dirigente recibió de parte de sus compañeros, que en múltiples ocasiones coparon las calles y el palacio de Tribunales para pedir por su líder. Foto: Amancio Alem.
La Justicia confirmó la prisión preventiva para Eduardo Leiva; y dictó el sobreseimiento del secretario de Actas de la Uocra, Emanuel Araya.
Juliano Salierno
La jueza de Instrucción Cuarta, Susana Luna, procesó este jueves a Eduardo Omar Leiva, un delegado de obra de la Uocra, de 43 años, sindicado como el presunto autor material del asesinato de Juan Alberto González, otro trabajador de la construcción acribillado la mañana del 13 de abril de 2010.
Además, la autoridad sobreseyó de manera definitiva a Emanuel David Araya, actual secretario de Actas de la Delegación Santa Fe de la Uocra, “toda vez que no han surgido elementos suficientes” que lo vinculen al crimen de González, indicó la jueza.
La semana pasada, la aparición inesperada de un testigo agregó confusión al panorama, pero finalmente se llegó a la conclusión de que sus manifestaciones, “además de resultar un tanto retrasadas en la investigación, únicamente refieren a supuestas expresiones verbales vertidas por el imputado y en un contexto que no puede clarificar”, indica el dictamen.
Once meses
La resolución dictada ayer y que ya fue notificada a las partes, pone fin a una etapa de la investigación que se inició hace casi un año con el crimen de González.
El 13 de abril de 2010 a las 11.50 de la mañana, la víctima ingresó al hospital Cullen con una herida de arma de fuego en la pierna derecha, con orificio de entrada y salida y lesión en la arteria femoral y el pie izquierdo. Esa misma tarde, alrededor de las 18.50, la Sección Homicidios de la URI notificó su fallecimiento.
El santotomesino de 27 años, que se desempeñaba en el obrador de la Ruta 19 en San Agustín y frecuentaba la sede de Uocra, fue baleado en el terraplén del distrito Alto Verde, a la altura de Manzana 7, en el mismo momento en que se celebraba una asamblea de delegados en el local de calle Ituzaingó 2043.
Luego de varios días de silencio la familia de la víctima denunció en la Justicia, y ante los medios de prensa, una versión de los hechos que involucraba directamente al poder sindical de la Uocra Santa Fe. Se habló del negocio de la droga, de disputas de poder y hasta de envidias personales. Nada de eso pudo dilucidarse hasta ahora.
Nueva defensa
En ese entonces el juez de la causa era el actualmente jubilado, Rubén Eduardo Saurín. Se hicieron allanamientos y se secuestraron armas en poder de uno de los imputados, por lo que Leiva y Araya terminaron presos.
Tras 18 días de estar privados de su libertad, otro juez -Saurín ya estaba jubilado-, consideró que no había méritos para mantenerlos detenidos y siguiendo la línea del fiscal los dejó libres.
La familia de la víctima, representada por el abogado querellante Germán Corazza, apeló el fallo a fines de agosto y la Sala IV de la Cámara de Apelación Penal revirtió parcialmente lo resuelto con anterioridad.
El 23 de diciembre pasado la jueza Luna solicitó pedido de captura para Leiva, ya que la cámara había revocado el falta de mérito. Mientras, la situación de Araya no se modificó, ya que el tribunal de alzada confirmó que no había mérito.
Antes de fin de año se presentaron por Leiva los abogados Horacio Paulazzo y José Ignacio Mohamad, quienes llevan adelante una estrategia con duros cuestionamientos hacia el Juzgado de Instrucción Cuarta, al punto que plantearon la nulidad de lo actuado y recusaron a la jueza Susana Luna por “haber adelantado opinión”, dijeron.
En la Cámara
Leiva se presentó de manera espontanea ante la jueza el 1º de febrero y quedó inmediatamente detenido. Durante el mes pasado se realizaron medidas solicitadas por la defensa y se ampliaron algunas declaraciones, hasta que el jueves 3 de marzo se dictó la resolución, que hasta el momento no se encuentra firme.
Para la Justicia existen elementos de prueba suficientes como para creer que Leiva es el responsable de “haber tomado parte en el homicidio de Juan Alberto González, mediante el uso de arma de fuego”, cerró.
Si bien una etapa de la investigación llegó a su fin con el procesamiento de Leiva y el sobreseimiento de Araya, el caso deberá ser analizado por la Cámara Penal, que tiene la difícil tarea de resolver si apartan a la jueza y declaran nulas las actuaciones desde que la defensa de Leiva presentó sus críticas.
/// EL DATO
Vuelve el “Ronco”
Una de las tantas personas citadas a declarar fue el “Ronco” Diego Fabián Tibaldi, quien estuvo involucrado y fue finalmente absuelto por el incendio de un colectivo de la Línea 2 en el que murió el joven Cristian Miño, en 2001. Esta vez el “Ronco” fue citado en calidad de testigo porque el auto secuestrado en la causa era suyo. Según dijo, se lo había vendido a Leiva en 2009, por $ 15.000, sin hacer contrato, pero la compra-venta se canceló porque Leiva estaba inhibido por un embargo.
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