Conflictos políticos y orden institucional
El conflicto entre el gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires por la responsabilidad en la toma de los departamentos del Bajo Flores, desnudó la preeminencia de las confrontaciones políticas por sobre la adecuada atención de los problemas sociales y la correcta administración de la cosa pública. La cuestión tomó un peligroso desvío con el abierto incumplimiento de lo dispuesto por la Justicia, y muestra al Estado nacional en flagrante abandono de su rol esencial y de sus obligaciones constitucionales.
La usurpación de 204 viviendas sociales por parte de un grupo de 140 familias desencadenó un episodio que replica lo ocurrido a fines del año pasado en el Parque Indoamericano. Los ocupantes reclaman otras viviendas como condición para abandonar el lugar. La gestión municipal se niega a negociar e intenta el desalojo de manera pacífica; a la vez que reclama la intervención de las fuerzas de seguridad nacionales, conforme al pronunciamiento judicial. El gobierno central, en tanto, se limitó a solicitar judicialmente la extensión de los plazos y a declinar su responsabilidad en la resolución del problema, arguyendo que compete a las autoridades locales.
El caso previo de la usurpación del Parque Indoamericano también había suscitado una discusión sobre competencia en orden a la actuación de las fuerzas de seguridad y reveló los ingentes esfuerzos del gobierno nacional por desligarse de la cuestión y cargar a Mauricio Macri cuantos costos políticos fuera posible.
No obstante, la existencia de una orden directa por parte de un juez federal establece con claridad el ámbito de incumbencia, a pesar de que la Casa Rosada lo desconozca y opte directamente por desobedecer.
Otra vez la disputa política permite que grupos minoritarios -tolerados o eventualmente alentados desde sectores afines al poder- obtengan ventajas a expensas de los verdaderos y legítimos beneficiarios de un plan de viviendas para familias carecientes.
Pero el efecto nocivo no se constriñe al caso particular, sino que se potencia en el mensaje que transmite a toda la sociedad, al ratificar un criterio que no vacila en desentenderse de las formas republicanas en su afán de someter a los enemigos políticos. Precisamente, la idea de que por medio de la fuerza o la violencia pueden obtenerse mejores resultados que a través del reclamo pacífico o el cumplimiento de las normas, se instala con firmeza por la repetición de episodios similares, y se completa con la desautorización de la Justicia como espacio para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos individuales y colectivos.
La idea de que el Estado, en su concepción integral, opere como el factor decisivo para neutralizar la ley de la selva y la preeminencia del más fuerte, es el principio rector que sustenta la comunidad organizada. El desconocimiento de esos preceptos básicos, motivado en especulaciones de escaso aliento, es la manera más efectiva de atentar contra los propios pilares de la civilización.
