Inflación
Estadísticas y libertad de información
Ante el accionar de la Secretaría de Comercio Interior para silenciar la difusión pública del IPC que miden las consultoras privadas, algunas de ellas han decidido no continuar proveyendo esa información a los medios, aunque sí a sus clientes. De hecho, esto estimula la existencia de personas o grupos económicos que mensualmente obtienen información privilegiada sobre un tema muy sensible.
A su vez, los medios que habitualmente recibían esos informes se ven compelidos a no citar la fuente, para preservar a la consultora de las advertidas represalias gubernamentales. Esto deja como única vía menciones genéricas en el tono de “según estimaciones privadas” que no aportan la cuota de solvencia informativa que cada consultora pudo haberse ganado en el mercado.
La médula del problema y, en relación con la libertad de información, estas citas genéricas, vagas y sin mención de fuente, exponen a un medio a ser sometido por el PEN a la amañada interpretación de la ley de Defensa de la Competencia, actualmente aplicada a la consultoras, que pena con multa de hasta 500 mil pesos la “publicidad o propaganda inexactos”.
El Litoral consultó a los responsable máximos de tres institutos provinciales de estadísticas, excluidos los de Santa Fe y San Luis, que realizan mediciones autónomas del IPC. En todos los casos, explicaron que sus registros surgen de listados de productos, (entre 100 y 300, según región) que no pueden compararse con la cantidad que mide el Indec. Pero ante la pregunta concreta, admitieron que las variaciones de precios que difunden tienen que ver directamente con la inflación que golpea a las respectivas comunidades provinciales, atentas a la relación entre precios e ingresos.
Con base en estas mediciones, El Litoral comienza a publicar la variación de precios provinciales o regionales, según los números oficiales de los institutos que los registran, y que no están expuestos a la arbitraria aplicación de la ley de Defensa de la Competencia.
