Esta vez fueron en Córdoba
Adepa condenó los bloqueos
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) calificó de “gravísimo” el bloqueo que manifestantes del sindicato de vendedores de diarios de Córdoba realizaron ayer, durante seis horas, a la salida de los diarios La Voz del Interior y Día a Día.
La entidad consideró que el “derecho de los ciudadanos a informarse fue nuevamente avasallado en la Argentina” tal como, según destacó, ocurrió hace una semana en la planta impresora de los diarios Clarín y Olé.
Adepa señaló que “impedir o perturbar la circulación de un diario es un delito del Código Penal” y “constituye un atropello” a la libertad, a la que la Constitución “le da un tratamiento jurídico preferencial”.
“Este hecho, gravísimo de por sí, adquiere mayor relevancia aún, ya que se produce a sólo una semana del bloqueo a la planta impresora de los diarios Clarín y Olé, que impidió la circulación de los mismos. Cabe recordar que tanto La Voz del Interior como Día a Día pertenecen al Grupo Clarín”, comentó un comunicado de prensa.
Los trabajadores canillitas realizaron una protesta ante las demoras surgidas en la distribución de periódicos. Para Adepa, la mayoría de los 110 mil ejemplares que integran las ediciones dominicales de los dos diarios cordobeses “no pudo llegar a sus lectores”, lo que significó que “el derecho de los ciudadanos a informarse fue nuevamente avasallado en la Argentina”.
La entidad que agrupa a las empresas periodísticas resaltó que “en los cinco bloqueos que sufrieron” los diarios en los últimos 100 días, “el denominador común fue la pasividad policial y la inacción del gobierno”.
“La inacción, el silencio y el discurso tardío, cambiante o ambiguo del gobierno constituyen señales peligrosas”, agregó el documento. Adepa opinó que “la multiplicación de una metodología que tenía antecedentes aislados y el cruce de un límite institucionalmente peligroso, como es impedir la circulación de un diario, se da dentro de un contexto particularmente virulento para la prensa independiente”.
“El gobierno no debe atacarla pero tampoco puede permitir que otros lo hagan. Es el encargado de velar por la vigencia de los derechos de los ciudadanos”, culminó.
