Fiscales y defensores

Juraron hoy las autoridades del nuevo sistema procesal penal

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Autoridades provinciales y familiares de los nuevos funcionarios colmaron el Salón de Actos de la Corte Suprema.

Foto: Flavio Raina

Con el acto de hoy empieza a correr el plazo de 180 días para la implementación definitiva. “Si todos empujamos para el mismo lado, se puede cumplir”, consideró Superti.

 

Emerio Agretti

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Las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio General de Defensa prestaron juramento este mediodía en la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se formaliza su asunción en los cargos creados en el marco del nuevo sistema procesal penal. El acto de hoy también puso en marcha el plazo de 180 días establecido por la ley para que comience a funcionar de manera integral el procedimiento oral y acusatorio.

En un Salón de Actos completamente desbordado -al punto que muchos interesados quedaron afuera-, Julio de Olazábal prestó juramento como jefe de los fiscales y Gabriel Ganón hizo lo propio como cabeza de los defensores. A continuación lo hicieron los representantes de ambos organismos en cada una de las circunscripciones judiciales. Los fiscales regionales son Ricardo Fessia (1), Jorge Baclini (2), Eladio Garcia (4) y Carlos Arietti (5). En tanto, los defensores son Sebastián Amadeo (1), Gustavo Franceschetti (2), Ariana Quiroga (4) y Estrella Moreno (5). Aún resta completar los concursos para el fiscal y el defensor regional de la circunscripción No. 3.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Santafesina, Rafael Gutiérrez y el gobernador Hermes Binner, junto a los ministros María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco, Mario Netri, Eduardo Spuler y Daniel Erbetta, y el procurador general Agustín Bassó.

Un plazo que corre

En diálogo con El Litoral, el ministro de Justicia, Héctor Superti, estableció que la instancia de hoy “pone en marcha un plazo. Según la ley de prórroga que había aprobado a fin de año la Legislatura, el término de 180 días para la aplicación del nuevo sistema -con buen criterio- se hace correr a partir del día en que asumieran las nuevas autoridades; cosa que ocurrió hoy”.

Al respecto, el funcionario precisó que “desde este momento, la puesta en marcha no depende sólo del Poder Ejecutivo, sino de los tres poderes. Falta el montaje de las nuevas estructuras, de la Fiscalía, la Defensa y la Justicia penal. Las decisiones al respecto las tienen que tomar estas autoridades, tienen que dictar reglamentos, establecer sedes de asentamiento de oficinas, armar las estructuras sin las cuales no se puede poner en marcha lo que queda. Y la Corte tiene que definir los concursos para las oficinas de gestión judicial, qué jueces pasan al nuevo sistema y cuantos quedan para las causas remanentes, y cómo sigue después el traspaso progresivo”.

En lo que respecta al Ejecutivo, añadió que “vamos a mandar en estos días a la Legislatura el proyecto de ley con los cargos que habíamos previsto en el presupuesto 2011, y que no se aprobaron porque nos pidieron un mensaje aparte; además hay que impulsar algunos proyectos de ley de ajuste de las normas de funcionamiento. Tenemos que continuar con los programas de capacitación y los concursos de fiscales y defensores.

“También tenemos la idea de firmar un acuerdo de cooperación con las nuevas autoridades de la Fiscalía y la Defensa para que, hasta que tengan su propia administración, les suministremos movilidad, telefonía, inmuebles alquilados”, agregó Superti.

El ministro de Justicia concluyó en que “a partir de hoy, estos 180 días requieren el esfuerzo compartido de los tres poderes, y especialmente de la Corte y las nuevas autoridades judiciales. Si todos empujamos el carro juntos y para el mismo lado, es un plazo razonable y se puede cumplir. Si no, va a ser difícil”.

 

// LA CLAVE

Cambios

El nuevo sistema procesal penal tiene como principales características la oralidad de los trámites, la separación de la figura del fiscal investigador del tribunal juzgador, la participación activa de la víctima y la aplicación de criterios de selección en las causas a impulsar, según su importancia. Se complementa con la búsqueda de soluciones alternativas al juicio.