Represión ilegal

Militares y policías procesados en el norte

De la Redacción de El Litoral

Dos militares retirados y seis ex policías fueron procesados por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar.

Los imputados son el comodoro Danilo Sambuelli, el mayor Jorge Alberto Benítez y los policías Carlos Nickish, Eduardo Luque, Rubén Molina, Héctor Aglieri, Arnaldo Neuman y Horacio Machuca.

“A casi todos los imputados se les sumaron procesamiento salvo a Benítez, a quien le asignamos mucha importancia, por su función de interventor en la Jefatura de Policía, desde el 24 de marzo de 1976. Benítez se encargó de dirigir el aspecto represivo que materialmente le correspondió a la policía”, destacó el fiscal federal Roberto Salum, que se encuentra realizando las últimas diligencias antes de enviar el expediente a la Cámara Federal de Resistencia, en la provincia de Chaco.

Benítez está detenido desde fines del año pasado en Córdoba, luego de que se lograra establecer su paradero. Según fuentes consultadas el imputado vivía en La Calera.

Llegaron hasta él porque “los propios policías detenidos empezaron a mencionar a un ‘teniente Benitez’ como encargado de la intervención de la policía”. Por su parte, “las víctimas hablaban de una persona de rango militar, pero que no tenían idea quién era”.

Así fue que “mediante oficios al Ministerio de Defensa de la nación se logró revisar los legajos y surgió esta felicitación que lo vincula directamente”, explicó Salum.

Si bien fue procesado, Benítez nunca declaró ante el juez Aldo Alurralde. Se le impusieron los hechos, al igual que al resto y se le dictó el procesamiento. Son cuatro los procesamientos firmes y cuatro apelados.

Benítez, Sambuelli, Luque y Aglieri prefirieron ir a juicio directamente. En cambio, por los cuatro restantes se presentó apelación y se elevó a la Cámara para su tratamiento.

Las resoluciones son individuales y fueron saliendo de a una, a partir del 2 de febrero y hasta mediados de marzo. Actualmente todas las partes se encuentran notificadas y sólo resta que se eleve para que lo trate la cámara la semana que viene.

Patota a pleno

El funcionamiento era como en muchos otros lugares del país “había un grupo de personas que iba a buscar a la gente, solos o con apoyo militar, los llevaban a la policía y en algunos casos directamente a la Tercera Brigada, Base Aérea, donde se los interrogaba y después seguían el circuito en Santa Fe, en la Guardia de Infantería Reforzada o la Comisaría Cuarta”.

Lo que logró establecer el juzgado es “ese nexo entre militares y fuerza policial”, destacó el fiscal.

Según el relato de aquella época, el 24 de marzo “los formaron a todos en el patio y les informaron que ésta persona iba a tener relación directa con el jefe y los suboficiales cercanos”, en una función, claro está, “abstraída de toda otra cuestión que tenía que ver con el trabajo de la prevención y la seguridad”. “En el legajo personal de Benítez hay una felicitación de quien entonces era el jefe, el brigadier Jorge Arturo Van Thienen (fallecido), ‘por la labor y el empeño puesto en la Jefatura de Policía’” de Reconquista. A raíz de esas confirmaciones, Benítez “está imputado como autor mediato de todos los casos que pasaron por la regional y la Brigada”.

A propósito de la enormidad de pruebas recopiladas la Cámara Federal de Resistencia declaró a la Base Aérea “como centro clandestino de detención”.

Se los acusa de “privación ilegítima de la libertad, tormentos y vejaciones” entre diez y cuarenta casos; mientras que a Sambuelli, Molina, Machuca y Neumann se les atribuyeron “violaciones reiteradas”.

Todos los hechos se corresponden a la zona de influencia de las Fuerzas Aéreas, en los departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio y San Javier.