Accidentes viales: cambio de enfoque
Las políticas de prevención del Estado provincial en materia de seguridad vial han prescindido durante demasiados años de una fuerza uniformada que se encargue de hacer cumplir las normas de tránsito en las rutas santafesinas.
En los ‘90 tres fenómenos marcaron la forma en que el sector público provincial entendió que podría enfrentar un número de accidentes creciente, de consecuencias irreparables, saldos luctuosos, y un perjuicio económico que no por difícil de mensurar debe dejarse de lado.
Junto con otras transformaciones, en aquella década, las rutas más importantes fueron transferidas al sector privado para su explotación por concesión, mediante el pago de peaje, tanto en el ámbito nacional como provincial.
Con esa medida -que desde entonces no ha sido alterada- el sector público esperaba que la infraestructura vial gozara del mantenimiento necesario para que los vehículos contaran con condiciones de seguridad como señalización horizontal y vertical, banquinas despejadas y seguras, asfalto sin deformaciones graves y auxilio en el camino. Pero sólo en parte se alcanzaron los objetivos planteados, ya que tanto en las concesiones de corredores viales nacionales, provinciales o de consorcios municipales rara vez se cumplen los extremos contractuales comprometidos.
Otra línea de acción en Santa Fe fue crear condiciones de mayor rigor para el otorgamiento del carné de conducir. La provincia en ese aspecto fue pionera, y otras (como Córdoba) la han seguido. Se trata de permitir otorgar el carné solo a las comunas y municipalidades que demuestren ser serias, y tener procedimientos sistematizados.
No fue una decisión sencilla, porque para muchas administraciones lo laxo de sus trámites resultaba una invitación al cambio de domicilio y el conveniente pago de gravámenes a cambio de un permiso fácil de obtener.
El tercer aspecto que dominó los ‘90 consistió en la delegación del poder de policía de la provincia a las administraciones comunales y municipales. Pueblos y ciudades atravesados por rutas provinciales y nacionales buscaron como hacerse cargo: pusieron lomos de burro para obligar a aminorar la marcha en el mejor de los casos, y radares de propósitos recaudadores en el peor de ellos.
El retiro del Estado provincial de sus obligaciones de control provocó algo más: la propia comunidad buscó formas de hacerse cargo del drama cotidiano de las muertes al volante en las rutas. Surgieron entidades intermedias, asociaciones de padres preocupados y hasta controles de gente de a pie que, con no más autoridad que una sonrisa y la colaboración del prójimo, fueron a los caminos a tratar de mejorar las cosas.
La deserción provincial de las rutas -que contrasta con lo que ocurre en otras jurisdicciones del país- parece estar próxima a ser revertida con la decisión de crear en Santa Fe una Policía Vial.
