Las víctimas tienen 15 años

Golpeaban y drogaban a las chicas obligadas a prostituirse

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Un taller de motos funcionaba como pantalla de la vivienda de calle Ex Combatientes de Malvinas 6421 del barrio Santa Marta, donde se albergaban las menores.

Foto: Alejandro Villar

Así lo determinó la Justicia provincial, que procesó al dueño de casa, por el delito de “promoción y facilitamiento de la prostitución de menores”. Una denuncia por fuga de hogar desbarató el negocio sucio.

 

Juliano Salierno

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La denuncia de un padre que intentaba recuperar a su hija de 15 años derivó en una investigación judicial, mediante la cual se logró comprobar que, junto con la menor buscada, había otras dos chicas de su edad que eran obligadas a ejercer la prostitución con personas mayores.

Micaela se fue de su casa a mediados de febrero, al parecer tentada por una mujer de 26 años encargada de reclutar chicas jóvenes y vulnerables. Por lo general las conocía de los bailes o de la calle, y de a poco lograba intimar con ellas para luego llevarlas a una casa de la que difícilmente podrían escapar.

Sin embargo, Ramón, el papá de Micaela, sabía dónde podía estar su hija, porque el año pasado le tocó atravesar una situación similar. Por comentarios de vecinos llegó hasta una vivienda de calle Ex Combatientes de Malvinas y Hermanos Figueroa, donde funcionaba un taller de motos.

También le dijeron que allí “habita una persona mayor de edad, que tiene a chicas menores y las obliga a prostituirse”, y para completar el cuadro supo por boca de otros que habían visto a su hija prostituyéndose junto a otras menores por avenida Blas Parera.

Se la negó

Decidido a terminar con semejante abuso, Ramón fue una vez más a la casa de barrio Santa Marta -o Ceferino Namuncurá- a pedir la entrega de su hija menor. Y para su sorpresa, se encontró con el dueño de casa diciéndole que ahora “la chica le pertenecía”.

Desconcertado, recurrió a la Seccional 7ma., donde aportó los datos de la casa y de quienes habitaban en ella.

La tarde del viernes 18 de febrero, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de calle Ex Combatientes de Malvinas 6421, donde se encontró no con una, sino con tres jovencitas de entre 13 y 15 años. Dos hombres y una mujer que estaban ahí fueron acusados por el delito de “promoción y facilitamiento de prostitución de menores”. Estuvieron detenidos varios días, hasta que se estableció el grado de responsabilidad que le correspondía a cada uno.

La causa, que se inició con una orden de allanamiento del juez de Instrucción Primera Jorge Pegassano, pasó al Juzgado de Instrucción Sexta, a cargo del Dr. Sergio Carraro. También intervinieron la División Judicial y el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de la URI.

Los padres de dos de las menores -con pedido de paradero- optaron por continuar con la acción legal una vez recuperadas las chicas. Fue así como el 23 de marzo último, el juez Carraro dictó el procesamiento de David Slaminski, el dueño de casa, por el presunto delito de “promoción y facilitamiento de la prostitución de menores” y confirmó el estado de prisión preventiva que venía sufriendo el hombre de 58 años.

En cambio, los otros dos involucrados recuperaron la libertad. La chica que reclutaba a las menores recibió el sobreseimiento por declararse “inimputable”; mientras que el hombre de 40 años que fue arrestado junto con Slaminski recibió la “falta de mérito”, ya que no se alcanzó a comprobar su vínculo en el negocio.

Golpeadas y drogadas

Si bien las chicas no prestaron testimonio durante la primera etapa de la investigación, los informes psicológicos indican que las menores “permanecían en dicha vivienda, a raíz de haber sido engañadas a acudir al lugar por parte de Vanina G. y allí eran obligadas a mantener relaciones sexuales con hombres. Para ello eran amenazadas y golpeadas, como así también se las obligaba a ingerir bebidas alcohólicas y drogas”.

La psicóloga que las atendió indicó que las chicas “se veían obligadas a permanecer contra su voluntad en el lugar y que además eran sometidas a malos tratos y obligadas a mantener relaciones sexuales con distintos hombres que llegaban al sitio”, indica la resolución.

Por contrapartida, Slaminsky negó todo tipo de intervención en los hechos y sostuvo que las menores permanecían dentro de su casa porque habían llegado en compañía de Vanina G. a quien le alquila una pieza. Además negó haber mantenido relaciones con las menores, o en su caso obligado a mantener relaciones en el lugar con otras personas.

En detrimento de esa versión se encuentra la prueba de que en el lugar “se pudo verificar la existencia de diversas habitaciones con sus respectivas camas y gran cantidad de profilácticos en cada una de las habitaciones”.

A su vez se sospecha del motivo de la presencia del otro imputado, que “se limitó a decir que se encontraba en la vivienda de su amigo transitoriamente y de visita”.


Podría ser trata

“La investigación está abierta y no se ha definido la radicación en la Justicia ordinaria o federal”, dijo el fiscal Nº 7, Jorge Andrés, a propósito de la posibilidad de que el caso cambie de jurisdicción ante la presunta comisión del delito de trata de persona.

En un principio todas las pruebas apuntaban a que las menores se habían escapado de su domicilio y estaban voluntariamente en el lugar donde fueron encontradas; dicha conducta está comprendida por el delito de “promoción y facilitamiento de la prostitución de menores”.

Una prueba de cámara Gesell realizada por el equipo de profesionales del Centro de Orientación a la Víctima, de la Defensoría del Pueblo, habría dado curso a otras posibilidades, ya que la Justicia no tuvo antes la oportunidad de entrevistar a las menores.

Ante una nueva narración de los hechos, concordantes entre las dos víctimas, la Justicia ordinaria deberá analizar nuevamente el supuesto de trata de persona, que conlleva explotación, la retención de la persona y la acción consumada contra la voluntad, entre otras situaciones. No obstante, deberán aguardar el dictamen de las psicólogas, para que confirmen o descarten la veracidad de las versiones en las que se desliza la posibilidad de que iban a ser sacadas de la ciudad, por ejemplo.

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Prisión preventiva.

El fiscal Nº 7, Jorge Andrés, le solicitó al juez Sergio Carraro que confirme la prisión preventiva del imputado David Slaminski, atento a los recaudos legales que impidan su fuga o entorpecimiento de la investigación. A propósito, Andrés destacó que el delito de “promoción y facilitamiento de la prostitución de menores” (art 125 bis primer párrafo del Código Penal), implica una pena de 4 a 10 años de prisión efectiva en caso de ser encontrado culpable.

Reclutadora LIBRE

El Defensor General Nº 6, Carlos Morales, pidió una Junta Especial de Salud Mental para la reclutadora. puesto que existen certificados médicos donde consta que padece “retraso mental moderado” y que estuvo en tratamiento en el Hospital Mira y López. La Junta Médica Forense sostiene que la encausada se encuentra “incapacitada para la correcta comprensión y dirección de sus actos” y el mismo parecer lo confirmaron los miembros de la Junta Especial de Salud Mental. “Queda en claro que no ha podido internalizar adecuadamente sus acciones y consecuencias”, indicaron los especialistas.

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