Editorial

La seguridad como rehén de campaña

La decisión del gobierno nacional de retirar a la Policía Federal de la custodia de edificios y espacios públicos en la Capital Federal, derivó en la denuncia de una serie de episodios delictivos y protestas sociales, el desatado temor por las consecuencias de la medida, un paro general en todos los hospitales y un fuerte intercambio de imputaciones entre altos funcionarios.

Desde el Ministerio de Seguridad, en la persona de Nilda Garré, se desplegaron argumentos tendientes a justificar la decisión, restarle impacto y fustigar la gestión de Mauricio Macri. Así, se habló de un “reordenamiento” de la fuerza, de la necesidad de reforzar el patrullaje callejero, de la capacidad de la Policía Metropolitana para asumir la tarea vacante, de la deuda que la comuna porteña mantiene en materia de adicionales con los agentes, y del preaviso y supuesto acuerdo de las autoridades locales. Paralelamente, se minimizaron los hechos criminales denunciados en efectores de salud, se endilgó a Macri la responsabilidad por el no ingreso de las ambulancias a las villas más peligrosas y se puso en tela de juicio la calidad de buen administrador del jefe porteño. Como es habitual en el discurso de barricada del kirchnerismo, no faltaron apresuradas referencias al supuesto uso de efectivos para fines puramente privados.

Naturalmente, cada una de estas afirmaciones tuvo como contrapartida una respuesta, más o menos satisfactoria según el caso. Pero, en términos generales, se atribuyó la maniobra a una especulación partidaria, que busca perjudicar a un rival político en un año electoral poniendo obstáculos al desenvolvimiento de su gestión, para socavar su imagen y su proyección. En otro orden, el criterio de “arrojarle por la cabeza” al jefe de gobierno porteño la tarea de garantizar la seguridad parece una réplica del debate generado cuando solicitó la transferencia de la Federal a su jurisdicción, y ante la negativa terminó creando una fuerza propia.

Probablemente la discusión de fondo sobre la manera en que se organice la seguridad en la Capital Federal admita razones en distintos sentidos, y merezca análisis que competen a los involucrados. Un análisis que, en este caso y contra lo que se arguye, no parece haberse completado desde el Ministerio de Seguridad, habida cuenta del nivel de improvisación, marchas y contramarchas registrados en cuestiones formales.

Pero más allá de eso, lo que resulta alarmante es la percepción de que se estén utilizando jugadas de este tipo al servicio de inquinas personales o especulaciones de campaña, a expensas de la protección de la vida y los bienes de la ciudadanía. La verificación de que “esto no pasa en otras provincias”, como sostuvo Macri, establece el direccionamiento interesado de los acontecimientos. Pero al mismo tiempo funciona como un poderoso llamado de atención sobre los extremos a los que puede llegar la disputa por el poder, cuando prima sobre el imperio de la ley y el imperativo esencial de proteger a la población.