Reformular la Policía Federal
El crudo diagnóstico de la ministra de Seguridad de la Nación sobre la situación de la Policía Federal, recogió coincidencias en general entre los expertos en la materia, pero también generó la necesidad de brindar explicaciones políticas sobre lo actuado en los últimos años y medidas recientes de la propia funcionaria.
Para Nilda Garré, la institución cuestionada está integrada por “sectores que disputan” sobre “el predominio en determinadas zonas o determinados negocios”, en la ejecución de extorsiones a los comerciantes y a los inmigrantes indocumentados, a los vendedores ambulantes e incluso como salvoconducto para las cocinas de droga. Un menú de conductas que, por acción u omisión, incurren sin atenuantes en lo delictivo y que, según la responsable del área, constituyen moneda corriente.
La existencia de “cajas negras” policiales es una denuncia recurrente también en las provincias, enfrentada con mayor o menor grado de convicción -o de complicidad- desde el sector político, en distintas gestiones de gobierno. En el caso específico de la Federal, merecieron condena penal las coimas vinculadas a Cromañón y se hallaron pruebas también en allanamientos a boliches y prostíbulos. Los muertos y heridos en la toma del Parque Indoamericano y las refriegas entre ferroviarios que culminaron en la muerte de Mariano Ferreyra añadieron elementos de peso, y llevaron -entre otras causas- a una serie de desplazamientos en comisarías de la Capital.
En este contexto, desde el ministerio de Seguridad -creado precisamente a partir de lo acaecido en Villa Soldatti- se intentó avanzar también con planteos de fondo, como el diseño de protocolos para la actuación de la policía ante las protestas sociales, la convocatoria a foros de ciudadanos para realizar un abordaje comunitario de la problemática de la inseguridad y el intento de integrar esfuerzos con las provincias.
Los estudios académicos sobre la cuestión policial aluden a los trazos culturales de tenor militarista y la construcción corporativa que embebe a la institución, además de una trayectoria histórica caracterizada por gran poder de despliegue, control territorial y capacidad de impunidad.
A la luz de los datos y de esta visión de los expertos, se trata de un diagnóstico atendible, que requiere una verdadera e integral política al respecto; y con una mirada realmente federal. Pero no debería omitirse la consideración de que, si bien el ministerio de Garré sólo data de unos pocos meses, la actual gestión de gobierno lleva siete años, y durante buena parte de ellos la policía estuvo bajo la dependencia directa de uno de los hombres fuertes del oficialismo, el actual jefe de gabinete.
En tal sentido, la utilización de la policía como una pieza en la disputa de poder político -como en el caso del retiro de efectivos de la custodia de edificios públicos en la ciudad de Buenos Aires- arroja inevitablemente una sombra de desconfianza sobre el discurso y la acción de la ministra, en una cuestión compleja, que sólo puede ser abordada con alguna posibilidad de éxito en la manera en que lo sea con absoluto rigor, honestidad y decisión.
