Se avecina una crisis política en Uruguay

El Parlamento uruguayo rechaza la anulación de la Ley de Caducidad

El Frente Amplio, el partido de gobierno, fracasó por tercera vez en su intento de eliminar esta ley de amnistía.

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DPA-EFE-Télam

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que perdona crímenes cometidos por militares y policías durante la última dictadura (1973-1985), se mantendrá vigente en Uruguay, al fracasar el tercer intento de la izquierda por borrarla del régimen jurídico.

Catorce horas duró el debate que empezó a media tarde del jueves y terminó en las primeras horas de hoy, con empate en 49 votos, ante la deserción del oficialista Víctor Semproni, quien argumentó no estar de acuerdo con la salida que había elegido su partido, el gobernante Frente Amplio (FA), e impidió alcanzar la mayoría necesaria de 50 de 99 miembros.

“Es un tema muy discutido, hay posiciones muy dispares, pero muchos desean que el país se ponga las pilas y se dedique a abordar otros temas importantes. No digo que no sea éste un tema importante, pero se está gastando demasiada energía en este asunto”, resumió el diputado Jaime Trobo, del opositor Partido Nacional (PN).

Nadie sabe qué ocurrirá a partir de ahora, pero no se descarta que la izquierda busque otra salida, con alguna otra fórmula que por ahora no se vislumbra. En lo que muchos coinciden es en que las heridas permanecen abiertas y en algún momento habrá que cerrar el capítulo.

El diario La República, afín al gobierno, publicó ayer que “existe un Plan B” aunque no divulgó detalles sobre cómo actuará el oficialismo ante el nuevo revés que sufrió, el tercero desde que en 1989 se refrendó la ley mediante un plebiscito y lo mismo ocurrió en otra consulta popular en 2009.

Ése fue el principal argumento de la oposición para hacer fracasar esta nueva iniciativa. “No se puede desconocer la voluntad de la nación soberana”, repitieron una y otra vez los dirigentes políticos opositores. Y fue uno de los puntos que hizo dudar a varios legisladores del oficialismo.

La actitud de Semproni fue similar a la del senador Jorge Saravia, que en la Cámara alta votó en contra, mientras que su compañero Rodolfo Nin Novoa pidió licencia y dejó un suplente, y el influyente Eleuterio Fernández Huidobro votó a favor, pero renunció al cargo.

Estos hechos políticos provocaron un duro impacto al interior de la gobernante izquierda uruguaya, que podría sufrir nuevas deserciones en los próximos días, ya que el senador Oscar López Goldaracena advirtió que si no se aprobaba la norma interpretativa de la Ley de Caducidad iba a renunciar e incluso a abandonar el Frente Amplio.

Condena de la Cidh

Además de estas consecuencias políticas, el gobierno uruguayo, encabezado por el ex guerrillero José Mujica, deberá afrontar ahora las derivaciones internacionales del caso, ya que el 24 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó al país por el llamado “Caso Gelman” e instó a eliminar la ley de impunidad.

De acuerdo con la sentencia de 11 puntos resolutivos, el fallo “constituye una forma de reparación” y obliga al Estado uruguayo a “conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos” del secuestro y posterior desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García de Gelman, esposa de un hijo del escritor, residente en México.

La mujer fue secuestrada en 1976 en Buenos Aires, estando embarazada, fue trasladada ilegalmente a Montevideo, recluida en un establecimiento militar y aparentemente asesinada por los cuerpos represivos de la época a fines de ese año.

Aunque la ley de impunidad, votada en 1986, bloquea algunas investigaciones, el artículo 4 habilita al Poder Ejecutivo a investigar denuncias “referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas, así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones”.

Este mecanismo fue aplicado, hasta ahora, solamente por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010) , lo que derivó en el encarcelamiento de una docena de militares y policías retirados y un general en actividad, quienes permanecen en una cárcel especial, en los alrededores de Montevideo.

/// análisis

Liderazgo cuestionado

Raúl Cortés - EFE

El fiasco del plan del oficialismo de izquierda en Uruguay para anular la ley que dejó impunes los crímenes de la dictadura cuestiona la capacidad de liderazgo del presidente José Mujica y la cohesión del bloque gubernamental Frente Amplio, coincidieron hoy varios analistas.

Concluida la batalla en el Parlamento, el gobernante parece el más perjudicado por un proceso legislativo agotador, que comenzó en septiembre pasado y prosiguió pese a las constantes advertencias de juristas y del propio Mujica sobre la inconstitucionalidad de la iniciativa, que vulneraba dos referendos celebrados en 1989 y 2009.

“En torno a todo este proyecto, el Frente Amplio (FA) ha demostrado demasiadas divisiones, conflictos, escándalos”, afirmó el analista político Adolfo Garcé.

El experto recordó que, además del caso del diputado oficialista Víctor Semproni, que con su negativa a apoyarlo impidió hoy que el plan progresara por un solo voto, en el FA un senador dimitió, otro fue expulsado y varios parlamentarios lo respaldaron a regañadientes.

Para Garcé, “estas idas y venidas afectaron públicamente a la imagen del presidente”, que hace dos semanas registró su más bajo índice de popularidad desde que llegó al poder el 1º de marzo de 2010, un 41%, muy por debajo del setenta que llegó a tener en algún momento.

El experto considera que la fuerza gubernamental, que tiene mayorías justas en el Senado y en la Cámara de Diputados, padece “una crisis de liderazgo que tiene que ver con las características personales de Mujica”, al que atribuyó “cierta fobia al ejercicio de la autoridad”.

“Es como un uruguayo más, pero no es un presidente, tiene un estilo muy cercano, muy abierto y amigable, pero ese estilo no es el más profesional para ejercer el mando”, lamentó.

Mujica, que precisamente hoy cumple 76 años, vive del cultivo de frutas y hortalizas en una humilde chacra (granja) que convirtió en la residencia presidencial.

Su forma de gobernar es alabada por algunos, que la consideran pragmática porque escucha y consensúa todas las propuestas, y criticada por otros, que la califican de ineficaz y anquilosada.

En opinión del director de la encuestadora Interconsult, Juan Carlos Doyenart, en el tema de los derechos humanos “el recorrido de Mujica ha sido demasiado zigzagueante”.

Para Doyenart, tras lo sucedido en el Parlamento el mandatario “puede quedar mal posicionado como un hombre sin capacidad de gobernar”.

AI: se perdió una oportunidad histórica

Amnistía Internacional (AI) consideró hoy que Uruguay “ha perdido una oportunidad histórica” al no derogar la Ley de Caducidad, que impide juzgar a los oficiales acusados de abusos de los derechos humanos durante la dictadura militar entre 1973 y 1985.

Esta legislación, aprobada en 1986 por el gobierno de Julio María Sanguinetti, democráticamente elegido tras el final de la dictadura, permite al mandatario de turno decidir qué delitos de abusos contra los derechos humanos pueden investigarse.

Al no anular sus efectos, los casi 7.000 prisioneros políticos que denuncian torturas y abusos durante la dictadura no pueden iniciar un proceso para buscar justicia.

Guadalupe Morengo, directora del programa de América en AI, consideró hoy que Uruguay tiene “una obligación moral y legal” de amparar a quienes sufrieron torturas en lugar de “proteger a los torturadores”.