Llegan cartas
Inseguridad, guerra comunitaria
Juan José Sagardia.
DNI: 6.554.695.
Señores directores: Hoy y desde hace varios años estamos soportando una agresión constante en diversas formas: robos en la calle, en los hogares con o sin personas, violación de niños, golpiza a los ancianos, a profesionales de la salud, violencia a los jóvenes con golpes e inclusive asesinatos. Llegó el momento en que las personas que trabajamos, los jubilados, los niños y jóvenes que van a educarse, los que cumplimos con las elementales normas comunitarias nos deberíamos preguntar: ¿Qué hacemos?
Lo lógico es que deberíamos preguntarnos ¿Qué hacen? los que gobiernan.
Las Constituciones Provinciales y Nacional otorgan el control de la seguridad a los poderes ejecutivos y estos a los jueces y a la policía. Bien, señores, hoy nos deberíamos preguntar si los responsables son o no capaces de controlar a los ciudadanos que delinquen y si no son capaces para que están.
Medidas de seguridad indican que las personas no debemos portar armas, ni tenerlos en nuestros hogares, mientras tanto los que delinquen hacen gala de la cantidad de armas que poseen y la policía y la justicia nada pueden hacer por falta de políticas de Estado que deben dictar los Poderes Ejecutivos y Legislativos.
El avance de los actos delictivos o vandálicos es muy notorio y el accionar de la policía siempre va detrás de los hechos. De prevención ni hablar. Lo mas lamentable es que hay periodistas que filman a personas en la calle que roban a peatones y la policía nos los ve.
Cuando hablamos de Derechos Humanos, ¿cuáles son los derechos de las víctimas? Los derechos de los que delinquen están debidamente establecidos en la ley y la policía los debe respetar, aunque los delincuentes no lo hayan hecho con las víctimas. Se debe aclarar que el policía que se excede, pierde su trabajo y es hasta acusado por no respetar los Derechos Humanos de las personas, cosa que a los delincuentes no se los acusa. En definitiva, si entendemos que estamos en una guerra comunitaria, siendo los contendientes unos sin armas defendidos por la policía y los gobernantes, y el otro, anónimos pero armados y sin escrúpulos, saquemos conclusiones de quién va a ganar o quién está ganando.
Los que queremos vivir en orden y con derechos, deberíamos reclamar que los representantes que nos gobiernan, llámese gobernador o legisladores, ¡qué renuncien! por su incapacidad para administrar los derechos de las personas.
Un ejemplo que nos debe hacer reflexionar es el caso en que una víctima en su defensa hiere o mata al delincuente, va preso la víctima. ¿Qué pasaría si el Estado se hiciera cargo de una indemnización a cada víctima, como oportunamente se hizo con otros ciudadanos a los que no se les respetó sus Derechos Humanos? ¿Cuánto debería desembolsar la comunidad a través de sus impuestos?
En lugar de ciudadanos hoy debemos considerarnos presas a cazar.
Ante el repliegue del Estado en el resguardo de la seguridad de las personas de la comunidad, se puede dar la actitud de los ciudadanos, de accionar cada uno por su cuenta o caer en la desesperanza de sálvese quién pueda.
Debemos exigir que se declare el Estado en Emergencia por Inseguridad y actuar en consecuencia con una política de Estado.
