Ayuda social y fines políticos
Cuando el Estado Nacional deja en manos de terceros sus deberes en la promoción social de la población debería ser, cuanto menos, extremadamente cuidadoso.
Es cierto que no todas las tareas de asistencia a los más pobres requieren del esfuerzo y la concurrencia exclusiva de las estructuras de la administración pública central, y que por lo tanto puede contarse con la colaboración desinteresada de los actores voluntarios, las organizaciones intermedias solidarias.
Pero para que el esquema funcione es condición que las autoridades nacionales, al librar al sector público de la tarea de distribuir, garanticen controles sobre el destino y el uso legal de los recursos.
Se trate de una Ong impecable, de una fundación sin fines de lucro, de cooperativas o de órdenes religiosas, siempre cabe el ojo atento de quien suministra el dinero, el Estado.
La experiencia demuestra que la pseudoprivatización de la acción social puede tener resultados diversos: óptimos, discutibles o desastrosos, pero siempre marcados por las ventajas y desventajas de quedar fuera del Estado, lejos de los controles.
En estos días se difunden graves dudas sobre la cosa pública y una fundación, que construye viviendas y porta el nombre de las Madres de Plaza de Mayo. En realidad se trata de un sector, de una parte de la organización de derechos humanos nacida en 1977, es la fracción que eligió asociarse con el gobierno nacional.
Los efectos económicos de esa sociedad se tradujeron en fondos sin control para la entidad, con los resultados conocidos. Es notable cómo los efectos políticos de esa estrecha vinculación hoy son los opuestos a los que se buscaron inicialmente: el caso salpica al gobierno nacional y lo que es peor -e injusto- a toda la prédica democrática en favor de los derechos humanos.
También es de días atrás una noticia de El Litoral: en la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia ha quedado bajo la órbita de una línea interna del PJ la distribución de las lámparas de bajo consumo compradas con fondos públicos.
Casi un millón de unidades fueron regaladas por el Estado Nacional en el área metropolitana local a través de una fracción del peronismo.
En el manejo local de esos recursos nacionales no hay escándalos como los que se mencionan con el apellido Schocklender. Es más, la agrupación kirchnerista que entregó los focos blancos a otras 800 entidades intermedias, sindicatos y vecinales, trabajó bajo un convenio con el Ministerio de Planificación que incluyó como auditor a la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional.
Un dato sin embargo, une ambas noticias: los dineros públicos puestos en forma de subsidios -dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los argentinos pobres-, confundidos con los objetivos partidarios.
Si bien puede entenderse como mérito de una gestión política la decisión de utilizar recursos públicos con un fin social, ese acierto no habilita el abuso propagandístico.
