Editorial

Muerte y protesta en Camioneros

La muerte de Gustavo Adrián González, un recolector de basura de la empresa Cliba, dio lugar a una movilización de familiares y afiliados al gremio de camioneros. No es la primera vez que en Buenos Aires, o en cualquier ciudad del país, los afiliados a un sindicato cortan el tránsito para protestar, pero lo novedoso en este caso, es que la movilización -promovida por familiares del muerto y afiliados al gremio- tuvo como destinatarios de la protesta a Hugo y Pablo Moyano.

En efecto, las declaraciones de la hermana y la esposa de González, apuntaron contra el secretario general de la CGT, su esposa y su hijo mayor, titular de Camioneros. Básicamente, lo que les imputan es un mal manejo de la obra social y la desidia frente a la demanda de atención de un afiliado al gremio, gravemente enfermo. Según las palabras de los familiares, González se indispuso el pasado miércoles a las catorce horas y la ambulancia enviada por la obra social tardó 16 horas en llegar, a lo que hubo que sumarle las trece horas que demoró el nuevo traslado.

Conclusión: González murió cuando estaba a punto de ser intervenido en el quirófano del hospital Mercante. Se trataba de un trabajador de 33 años y muy excedido de peso, cuyo padre había sido compañero de militancia de Moyano, una relación que la hermana del muerto se preocupó en destacar para endurecer aún más las críticas.

Más allá de los detalles, lo cierto es que Hugo Moyano ganó otra vez los titulares de los medios en un episodio que terminó en la muerte de un afiliado del sindicato. Tampoco es la primera vez que la administración de los recursos de la obra social es puesta en tela de juicio. La ex ministra Graciela Ocaña, en estos días hizo declaraciones sobre las presuntas irregularidades de esta obra social, irregularidades -puntualizó- que serían cometidas por familiares de Moyano.

Desde hace tiempo, las sucesivas denuncias sobre la supuesta vinculación de familiares de Moyano con el manejo de los recursos del gremio genera sospechas y recelos que deben esclarecerse. La esposa de González acusó a la actual esposa de Moyano, Liliana Zulet, de ineficiencia y, en particular, de haber intentado silenciar su protesta mediante un ofrecimiento de dinero: “¿Cómo podemos arreglar?”, le habría dicho por teléfono Zulet, pregunta que en el lenguaje cotidiano tiene claras connotaciones.

Es muy probable que Moyano supere esta tormenta, pero todavía sigue sin dar explicaciones a la sociedad y a la Justicia por la creciente imputación de irregularidades en la administración de los dineros de la obra social del gremio. De todos modos, pareciera que sus márgenes de maniobra se reducen. Sin ir más lejos, hace menos de un mes la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos que había dictado Claudio Bonadío, uno de los jueces que investiga a Moyano. El procesamiento, ratificado por los camaristas, incrementó la sospecha de que se le cobraba al Estado por remedios cuyos troqueles eran falsos.