Tribuna de opinión

Docentes hoy: ¿un recurso descartable?

Ramón J. A. Sánchez (*)

Hace aproximadamente dos años escribía que “Salud Laboral” del Ministerio de Educación, es un ente abstracto al cual se accede por una línea telefónica gratuita 0800 o 0810, instaurado por el actual gobierno provincial, que, a criterio de quién escribe es de dudosa efectividad por causas que sería extenso detallar en este espacio. El motivo fue un reclamo legítimo y justo de un docente que se diligencia por expediente 004010196107/9, el que hasta la fecha no ha merecido respuesta alguna de ninguna autoridad de Educación (Dirección del CECLA Nº 6078, Reg. IV Ministerio de Educación). No se tiene, a casi dos años, la definición de Salud Laboral del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, a pesar de tener dos pedidos de “Pronto Despacho” y la razón de parte del mencionado educador. Es, asimismo, una demostración de la arbitrariedad con que se tratan los temas de salud en el Ministerio del Área Educativa.

Ahora bien, a raíz de los graves problemas derivados de las carpetas médicas de docentes titularizados el 28/02/2011, como ciudadano comprometido con la temática educativa y por la solidaridad que un educador merece, me veo en la obligación moral de vertir opinión sobre el particular y profundizar algunos aspectos de este perverso sistema centralizado.

Los docentes titularizados por concurso de antecedentes, tenían antigüedad de más de dos años.

En forma imprevista reciben una comunicación de fecha 31/05/2011, que reza “... de la evaluación realizada surge que no reuniría las condiciones psicofísicas para el puesto de trabajo propuesto”. Cabe destacar que “reuniría” está escrito en potencial.

Surge la pregunta: ¿Fue una propuesta de trabajo o un concurso ganado que deriva en un derecho adquirido?

A juicio de quien escribe, el Ministerio de Educación incumplió con su obligación de tener las carpetas médicas al día y pretende expulsar del sistema a docentes que ya trabajaron en distintos ámbitos escolares, que se integraron a una comunidad educativa, que planificaron, fueron supervisados, que estaban llenos de proyectos y, por sobre todo, se debe aclarar que los referidos docentes ya tenían un examen médico de ingreso que debió ser homologado.

De pronto aquella titularización que se anunció con “bombos y platillos” se convirtió en un sueño hecho pedazos y un incalificable daño moral, con el agravante de haberlos citado desde distintas localidades con los consiguientes gastos por el desplazamiento. Del sueño a la pesadilla. Se les ha otorgado una licencia compulsiva que jamás he observado en mis 36 años de ejercicio de la docencia.

Los colegas docentes se han convertido aparentemente en un material descartable. De pronto, parecen ser seres peligrosos en la institución escolar que los acogió hace años o portadores de enfermedades diversas que los ponen en el papel de los discriminados o los estigmatizados ante la mirada pública y de la propia comunidad educativa.

No es mera ilusión que esta medida arbitraria nos remonte a recuerdos pasados y oscuros de nuestra patria, sobre todo si tenemos en cuenta que el decreto 4597/83 fue firmado por un gobernador/interventor de facto, el Dr. Héctor Salvi quien actúa en el período que va del 25/02/1983 al 10/12/1983.

Otra pregunta: ¿Todavía el Ministerio de Educación de un Gobierno “Socialista y Progresista” se ampara en reglamentos del llamado “proceso”?

El sistema de Salud Laboral del Ministerio de Educación, tiene su epicentro en la ciudad de Rosario, al docente que debe realizar Carpeta Médica se le otorgan turnos o fechas y la responsabilidad exclusiva recae en las autoridades del Área Salud, no es atribuible en ningún caso a los educadores, salvo la no presentación cuando se lo cita para los exámenes clínicos.

Por otra parte, un docente que solicita licencia tiene que llevar una planilla que la debe tener “incorporada” a su humanidad, porque sin ella, no es posible tener licencia y si fuera de las llamadas de “larga duración”, se les da un turno en el ex Hospital Italiano con sus consecuencias negativas para la salud y la economía, cuando media un desplazamiento considerable en el ámbito provincial.

Es decir, “Salud Laboral”, expresa un centralismo absoluto en un sistema educativo que se autodenomina como descentralizado, acorde a las reales necesidades de un vasto territorio provincial.

Además, cuando se llama al 0800 para solicitar licencia se escucha la constante “... debe permanecer durante 24 hs en su domicilio”, de esto nace una pregunta más, ¿no se asemeja a una prisión domiciliaria?

Parece no interesar si el docente en ese lapso debe realizar un análisis clínico, una práctica kinesiológica, una radiografía, ecografía, etc., porque se responde desde Salud Laboral “es todo lo que le puedo decir, 24 hs en su domicilio”.

Luego de expresar el aporte, hago fervientes votos para que se imponga la justicia, se busquen soluciones que dignifiquen al docente, que impere el sentido común y entre las partes interesadas se debata en profundidad respecto a un derecho humano vital e importante como es la salud.

Que no se retorne al pasado donde el maestro debió soportar el “presentismo” (y trabajar por necesidad aunque esté enfermo) o la calificación. La referida calificación consideraba aspectos humanos y profesionales, actuación en la comunidad, etc., pero el mayor porcentaje correspondía a las inasistencias que, aunque fuera por enfermedad justificada era el 60% del concepto, por lo que un docente enfermo debía soportar, además, una injusta calificación de regular, aunque sus condiciones humanas y profesionales fueran excelentes.

Se plantea además, ¿por qué siempre al magisterio?, si este Sistema de Salud Laboral no se impone a otros empleados públicos, ¿no genera dudas esta desdichada exclusividad?

Considero esta situación otra insoportable discriminación hacia quienes ocupan este tema: los educadores.

(*) Ex maestro de escuelas rurales primarias, Director de Escuelas Primarias, Supervisor Provincial de Eduación, Sub- Secretario de Educación Primaria (1985-1988), Asesor Educación Gobierno Provincial (1988-1991), Director Provincial de Regionalización (1988-1991).