Impugnaron concursos penales
Mientras el Ejecutivo provincial se preparaba para largar el 21 de junio pasado el concurso para la creación de 220 nuevos cargos, el procurador de la Corte, Agustín Bassó, presentó una impugnación a ese llamado. El titular de la Defensoría General de la provincia, Gabriel Ganon, desestimó la presentación, al entender que a fines del año pasado ya la Corte Suprema se había expedido ante un pedido similar realizado por Bassó en mayo de 2010.
A principios de junio de este año el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, anunció que llamarían a concurso para cubrir 220 cargos de fiscales y fiscales adjuntos y defensores y defensores adjuntos, luego de que las máximas autoridades (el fiscal general y el defensor provincial, y los fiscales y defensores regionales) asumieran sus cargos tras haber ganado los correspondientes concursos. La importancia de este nuevo paso fue resaltada, en la entrevista publicada por El Litoral el pasado lunes 20, por el fiscal General Julio de Olazábal, quien advirtió sobre el peligro de que se produjeran “nuevas trabas”.
El año pasado, Bassó cuestionó la constitucionalidad de la ley del Ministerio Público porque lo desplaza como jefe de los fiscales y de los defensores y lo convierte en una figura decorativa en la cabeza del Poder Judicial.
Por su parte, consultado por el periódico Cruz del Sur, Ganon estimó que ese planteo de inconstitucionalidad ya está zanjado por la resolución de la corte de 2010 —que no dio lugar al reclamo de Bassó—, y que si bien desconoce los nuevos argumentos del nuevo pedido de Bassó, supone que el concurso de cargos que lleva adelante el Ejecutivo seguirá adelante sin inconvenientes.
El funcionario también recordó que a principios de este mes, la Asamblea General de los Estados Americanos (OEA) se reunió en San Salvador (República de San Salvador) y aprobó por unanimidad la resolución sobre la independencia y autonomía de la Defensa Pública Oficial, donde establece que la Justicia es un derecho y que ningún país puede hacer valer sus normativas locales por sobre una internacional como ésta.
