Por incumplimiento de condiciones de seguridad

Trabajo “escrachará” a constructoras

De la corresponsalía de Rosario

El ministro de Trabajo de la provincia, Carlos Rodríguez, encabezó ayer una nueva reunión de la comisión tripartita de la construcción -con la asistencia de empresarios del sector y representantes de la Uocra-, con el tema de los accidentes laborales en las obras como principal tema de agenda. En la reunión, que se llevó adelante en la sede de la gobernación de Rosario, los tres sectores involucrados definieron que a partir del mes próximo, el gobierno provincial realizará un listado en las principales ciudades de la provincia de las constructoras que presenten irregularidades y no cumplan con las condiciones de higiene y seguridad, mientras que el sindicato se comprometió a dar un mayor respaldo a los operarios a que se nieguen a trabajar ante situaciones de riesgo.

“Es una suerte de escrache, aunque no está bien que así lo diga un ministro”, se sinceró Rodríguez, tras el encuentro del que participaron además del ministro, Ricardo Griot, de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); Carlos Vergara, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra); Juan Carlos Amato y Luis Martinell Ferreyra, de la Asociación Empresaria de la Vivienda (AEV).

Rodríguez calificó la medida como “novedosa” y argumentó que el objetivo es “lograr una sanción moral: que la sociedad condene y no acepte que se muera gente en el lugar donde ha ido a buscar el sustento”. El titular de la cartera laboral informó que en los últimos tres meses se realizaron inspecciones en unas 800 obras en construcción en la provincia, de las cuales el 50 por ciento de ellas fueron suspendidas por irregularidades.

Rodríguez también aseguró que en la reunión se propuso al gremio de la Uocra que inste a cada uno de sus trabajadores a hacer valer su derecho de paralizar la obra en caso de considerarla riesgosa, sin padecer por esto ningún tipo de sanción. Rodríguez reconoció que éste es un derecho que no se suele ejercer por falta de difusión o por temor de los propios trabajadores. “Si cada delegado de una obra toma este derecho y lo hace valer, nosotros pasamos a multiplicar por miles los inspectores que hoy tenemos”, sostuvo el ministro. Rodríguez advirtió que medidas similares de escrache podrían alcanzar a los empresarios que despidan a los operarios por reclamar seguridad.

Más inspectores

El ministro de Trabajo adelantó que el año próximo el gobierno provincial incorporará 30 nuevos inspectores de seguridad e higiene que se sumarán a los 7 actuales que hay en Rosario. De todos modos, el ministro reconoció que las inspecciones nunca son suficientes: “Puedo mandar inspectores a una obra y luego darse una muerte. La inspección es testimonial. Si no hay cultura de la prevención eso no alcanza”, consideró el funcionario.

Otras medidas sobre las que hubo consenso en la reunión fueron las de profundizar el registro de las obras dedicadas a la construcción para combatir el trabajo en negro e identificar a las empresas que incumplen las normas, y la de promover una charla previa de quince minutos entre los capataces y los operarios antes de realizar sus tareas para fijar los procedimientos que reduzcan los riesgos laborales.

Por su parte, Vergara, de la Uocra, planteó que hasta que la cartera laboral llegue con las inspecciones, ellos saldrán a la calle a controlar irregularidades, y aquellas obras que incumplan serán escrachadas de antemano con un letrero en el frente que advertirá sobre la “obra en infracción”.

Tras la reunión Griot, representante de la Cámara Argentina de la Construcción, aseguró que la entidad “avala” la propuesta de la difusión de la lista con las obras clausuradas. “Deben ser informadas aquellas edificaciones que están suspendidas por falta de normas de seguridad”, apuntó.

Desde el sector empresario sostienen que los mayores controles son necesarios, siempre y cuando sean realizados de manera responsable por las autoridades, sobre todo a la hora de escrachar las infracciones. Griot es uno de los que venía incentivando hace tiempo la necesidad de que haya un registro de empresas que operen en blanco, al sostener que los casos en los que no se cumplen las normativas ocurren generalmente en firmas irregulares.