Pruebas en defensa de Bártoli

El juicio por el encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce, cometido en 2002 en el country Carmel de Pilar, se reanudará mañana con el ofrecimiento de prueba por parte de la defensa de Guillermo Bártoli, uno de los imputados, a quien se le amplió la acusación.

La audiencia comenzará a las 10, ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Isidro, en el edificio judicial situado en la calle Ituzaingó 340, de la zona norte del conurbano.

En la audiencia del pasado miércoles, el tribunal integrado por María Elena Márquez, Alberto Ortolani y Ariel Introzzi Truglia aceptó el pedido de la fiscalía de ampliar la acusación contra Bártoli y sumarle nuevos hechos de encubrimiento.

A la acusación inicial de haber tramitado un certificado de defunción falso de la víctima, ahora se le sumó mover el cuerpo de María Marta, cambiar su ropa y ordenar la limpieza de la casa y tirar un pantalón manchado con sangre.

En la audiencia de mañana, está previsto que los defensores de Bártoli ofrezcan pruebas para defenderse de estos nuevos hechos.

Según adelantó a Télam Adrián Murcho, co-defensor de Bártoli, analizan presentar un perito para que analice el contenido de la grabación de un llamado de Osde que para la fiscalía es el que ubica a Bártoli manipulando el cadáver.

Sobre el resto de los hechos endilgados, los abogados tienen previsto pedir que vuelvan a declarar los testigos mencionados por la fiscal Laura Syseskind al ampliar la acusación.

Una vez que se resuelva cómo se hará la incorporación de prueba, el tribunal tiene previsto continuar con la declaración de testigos,.

Para esta semana están citados a declarar dos policías que para la época del crimen trabajaban en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pilar, Cristian Magnoli y Diego Godoy.

Estos dos efectivos concurrieron el 30 de octubre de 2002, tres días después del crimen, a la casa de la víctima para tomarle una declaración testimonial al viudo Carlos Carrascosa.

También deben declarar Eduardo Canedi, jefe de los vigiladores del country, y Miguel Angel Spiccia, presidente de la empresa Cazadores, que daba seguridad al barrio, a quienes se consultará sobre si hubo movimientos sospechosos el día del crimen.